El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomendado al Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que inste al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), actualmente integrado en la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) que, «paralice las medidas que están aplicando con respecto a la repercusión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas sociales en régimen de arrendamiento propiedad» de la administración autonómica.
Así lo indica la síndica en funciones, Emilia Caballero, en una recomendación, emitida a partir de la queja presentada por una ciudadana sobre la repercusión del IBI en viviendas sociales. Caballero explica en su resolución que tanto a través de esta denuncia como por la prensa «se tuvo conocimiento» de que el Ivvsa «les estaba repercutiendo a sus inquilinos el pago del IBI de las viviendas sociales» y de que «del mismo modo, no lo abona en sus viviendas que están desocupadas».
Igualmente, el Síndic de Greuges se ha aconsejado a la Generalitat que «fomente, agilice, favorezca e impulse ante los ayuntamientos los mecanismos de ayuda, deducción o bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, al estar dichas viviendas dirigidas a satisfacer una demanda en sectores de población con escasos recursos económicos».
En la misma línea, ha instado a crear «medidas» o a implementar las «ayudas sociales necesarias para paliar el problema económico tan grave que genera esta insolidaria decisión de la Generalitat valenciana de no hacerse cargo del pago del IBI en viviendas de protección social».
Igualmente, desde el defensor del pueblo valenciano ha agregado a este respecto que «a pesar de que se fraccione el mencionado impuesto, sigue siendo una carga muy grande» para las personas que viven alquiladas en estos inmuebles para este colectivo y «no se soluciona el problema». Por ello, estima que «se debería de encontrar algún otro tipo de gastos públicos que pudieran disminuirse o eliminarse, antes de repercutir el mencionado impuesto».
Emilia Caballero señala en su recomendación que según indica el propio Ivvsa, «el objetivo» de este Instituto está encaminado a «un fin más social, centrándose en proporcionar vivienda a familias con riesgo potencial de exclusión social y aquellas que presentan escasos recursos económicos».
Por esta razón, asegura que «no es ético», que «se encuentra muy lejos del objetivo señalado anteriormente» o que «es una medida insolidaria» el hecho de que «a las familias con mayores dificultades, es decir, con escasos recursos económicos, les obliguen a realizar el pago de algo que le corresponde exclusivamente al Ivvsa como propietario».