El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, se sentarán en el banquillo de los acusados por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos de 18,9 millones de euros a este último.
La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo jueves el primer juicio contra estos dos directivos. Las sesiones se prolongarán también durante los días 26, 27 y 28 de enero y el 12 y 16 de febrero de 2015.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad, director general de la entidad desde 2001 hasta su nacionalización en 2011, por apropiación indebida o, alternativamente, tres años de prisión por un delito societario continuado. Para Avilés pide dos años y medio de prisión por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
También pide que el Banco Sabadell, que adquirió la caja por el precio simbólico de un euro, reciba una indemnización de 1.494.029 euros que tendrán que abonar de forma solidaria López Abad, Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones.
Por su parte, la CAM solicita, a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB), una pena de seis años para López Abad y de diez para Avilés, además de la imposición de sendas multas de 146.000 euros y el pago una indemnización de cinco millones de euros que se destinaría al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
CREACIÓN SOCIEDAD TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES (TI)
Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de «cercenar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja», López Abad creó la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que debía funcionar como comisión de control de todas las empresas participadas por la caja.
En opinión de la Fiscalía, este órgano fue «un mero y burdo instrumento» ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM «cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre cajas de ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones».
En septiembre de 2011, la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida y todos sus miembros cesados por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB.
CONCESIÓN DE CRÉDITOS
Por su parte, Avilés aprovechó su influencia en la entidad para conceder a ‘La Vereda de Sucina’, una empresa que controlaba a través de sociedades interpuestas y varios familiares, préstamos para operaciones inmobiliarias por un total de 18,9 millones de euros.
Anticorrupción señala que, «además de cobrar de la CAM una dieta de 3.336 euros como presidente de la Comisión de Control, estuvo durante todo ese tiempo mucho más atento a sus intereses personales e intentó de diversos modos presionar a los directivos de CAM para que ésta le comprara su promoción, y le liberara así de los perjuicios económicos que la misma le había ocasionado».