El alcalde de la ciudad de Valencia, Joan Ribó, ha defendido este miércoles que la denominación en valenciano de la ciudad como nombre oficial que prevé aprobarse en el próximo pleno del Ayuntamiento, supone «cumplir con la normativa y con el sentido común».
Ribó se ha pronunciado en estos términos tras guardar un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Bruselas, junto a otros miembros de la corporación municipal, al ser preguntado por la intención de que ‘València’ pase a ser el nombre oficial de la ciudad, una iniciativa que se llevará al pleno del jueves que viene.
Con esta decisión, el Ayuntamiento ha hecho una cosa «razonable» que es cumplir con un el Reglamento sobre el Uso y Normalización del Valenciano, aprobado de forma unánimemente por todos los grupos políticos con representación en el consistorio en junio de 1996. «Estaba en un cajón y nosotros vamos a normalizar el nombre del Ayuntamiento de Valencia, llamándole en valenciano València».
«¿Qué hay más normal que llamarle València en valenciano a una ciudad como esta?», se ha preguntado Ribó. «¿Qué hay más normal que cumplir una norma aprobada hace camino de 20 años y que no se estaba cumpliendo. Nosotros lo que hacemos es cumplir con la normativa y con el sentido común», ha concluido.
La Comisión de Urbanismo aprueba definitivamente la normativa sobre publicidad en centros históricos
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este miércoles definitivamente y por unanimidad la normativa reguladora de la publicidad exterior e identidad corporativa aplicable a los cinco Planes Especiales de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciutat Vella, a los PEP-EBIC y al resto de planes especiales de protección de la capital, según ha informado el consistorio en un comunicado.
Así, ha explicado que estas normas habían sido aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento, también por unanimidad, el 26 de diciembre de 2014, y ahora se les da el visto bueno final tras la resolución de aprobación definitiva por parte de la Generalitat.
El nuevo texto prohíbe la fijación de carteles sobre edificios y los soportes exteriores o rótulos de carácter comercial en la fachada o la publicidad sobre medianeras, así como colocar publicidad en los postes de alumbrado, salvo anuncios no comerciales de carácter puntual autorizados por el Ayuntamiento. Además, indica que ha de haber una separación clara entre publicidad e identidad corporativa y apunta que las controversias se someten a informe de la Comisión de Patrimonio.
El consistorio ha precisado que con estas normas se persigue «una mejor integración armónica de los edificios en los conjuntos protegidos, y poner en valor los singulares espacios donde se concentra la gran mayoría de los edificios catalogados».
Bombas Gens
Por otro lado, la Comisión de Urbanismo ha acordado la aprobación definitiva, también por unanimidad, del estudio de detalle del proyecto de Bombas Gens, supeditado a la aprobación definitiva de la ficha del catálogo declarada Bien de Relevancia Local, dado que la exposición pública es de 45 días y aún no ha finalizado.
El Ayuntamiento, que ha dicho que existe un informe previo favorable de la Conselleria de Cultura, ha apuntado que así ya puede tramitarse la licencia de actividad de este proyecto para que los promotores de la iniciativa sociocultural que se habilitará en este edifico y que realizan obras de consolidación, puedan iniciar la adecuación del edificio.
Igualmente, se ha aprobado la exposición pública del estudio de detalle del Hospital Clínico para reordenar el volumen de dos pequeñas parcelas interiores, sin incremento de edificabilidad y para satisfacer las necesidades de este centro público.
Venta de aparcamiento en subsuelo
La Comisión de Urbanismo ha acordado además la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana para adaptar la normativa sobre la construcción de aparcamientos para residentes en la ciudad a la legislación urbanística, que permite el cambio del régimen de concesión administrativa –concesión– utilizada hasta ahora por el de venta, al ser considerados de naturaleza patrimonial.
Este cambio, aprobado por unanimidad, obedece a la adecuación de la normativa estatal y autonómica para la desafección del subsuelo público destinado a viales, zonas verdes o equipamientos.
El concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, ha dicho que el cambio de las normas introducen mejoras «imprescindibles» para realizar los cambios de planeamiento. Entre ellas, se establece que el nuevo uso no puede disminuir la calidad y funcionalidad del espacio de uso público donde se intervenga, así como que será necesaria la previa desafectación del subsuelo, que pasará a tener naturaleza patrimonial.
También se prevé que el cambio de planeamiento establecerá las medidas correctoras convenientes, y que será necesario acuerdo plenario sobre la viabilidad e interés general de su ubicación. Finalmente, en el supuesto de que se trate de un área sobre parcela verde, se establecerá la cota de subsuelo necesaria para garantizar la plantación de arbolado.
Con esta medida, ha resaltado el consistorio, se espera impulsar la construcción de aparcamientos públicos para residentes con el fin de liberar espacio en el viario y mejorar la seguridad, recuperar espacio público para movilidad sostenible y conseguir calles con arbolado y una mejora sustancial en el paisaje y la calidad de vida.
PAI del sector Moreras II
Por otro lado, se ha acordado, con la abstención de PP y Ciudadanos, iniciar los trámites para resolver la adjudicación del PAI del sector Moreras II. Sarrià ha dicho que esta tramitación se inicia «para garantizar el interés general y recuperar la cantidad de 3.655.122 euros que el agente urbanizador ha girado como cuotas de urbanización a los propietarios» y que «no ha ingresado en las arcas municipales».
La Comisión de Urbanismo ha aprobado además la corrección de las alineaciones en el proyecto de conexión de la avenida de Guillem de Castro con la plaza del Pilar, lo que permite desbloquear este proyecto, que se ejecuta con cargo al Plan Confianza.
Sarrià ha recordado que se trata de una unidad de ejecución que debió ejecutar la Generalitat según el convenio RIVA de 1998, y que posteriormente asumió el Ayuntamiento para optar por la gestión indirecta a través de agente urbanizador privado, «sin que hasta la fecha se haya conseguido resultado alguno.
En esta unidad se deberá construir un aparcamiento subterráneo, así como realojar a los vecinos del edificio de la calle Na Jordana, que forma parte del ámbito y deberá derribarse, y que se construyó en el proyecto de prolongación de la avenida del Barón de Cárcer. Asimismo, se deberá rehabilitar un conjunto de edificaciones del siglo XIX de propiedad municipal, destinadas a equipamientos públicos en la calle Llíria, que forman parte de antiguas naves y viviendas referente de la etapa industrial valenciana.
«Se trata de una unidad estratégica que no puede permanecer en el olvido por más tiempo, y por ese motivo se va a requerir a la agrupación de interés urbanístico que impulse la urbanización de los terrenos, la rehabilitación y reconstrucción de edificios a la mayor brevedad posible», ha planteado el edil.