El gobierno de Gandía (PSOE-Més Gandia) ha presentado en los juzgados de la localidad un escrito para que se amplíe la investigación de ocho pólizas que en su día solicitó el consistorio en la etapa presidida por el socialista José Manuel Orengo, por valor de 22 millones de euros, a la renovación que decidió el anterior responsable de Hacienda en el consistorio, el popular Guillermo Barber.
Las pólizas fueron solicitadas por el ejecutivo de Gandía presidido por Orengo, sin autorización de la Generalitat Valenciana. Desde el PP señalan que se trata de una investigación por una falta administrativa.
Al carecer de autorización de la administración autonómica, el PP interpuso una denuncia en la pasada legislatura y tanto el exalcalde socialista de Gandía como la entonces edil de Hacienda, Ana García, y el interventor, fueron imputados.
Cuando el Partido Popular de Gandía entró a gobernar en 2011, el entonces concejal de Hacienda, Guillermo Barber, ante la imposibilidad de devolver esas pólizas porque, según el PP en ese momento se encontraron con un saldo de tres millones de euros, las renovaron por un año. Según las mismas fuentes, la renovación se llevó a cabo «a propuesta del interventor y del tesorero municipal que avalaban la operación ante la imposibilidad de devolver esos 22 millones de euros».
Ahora, el gobierno de Gandía ha solicitado la investigación de la ampliación de estas pólizas autorizadas por los mismos hechos que los populares denunciaron en su día a Orengo y García, ya que la renovación llevada a cabo por el PP en 2011 tampoco tenía la autorización de la Generalitat.
Desde el Partido Popular argumentan que sólo se cuestiona la renovación de las pólizas en 2011 porque en 2012 el gobierno presidido por Mariano Rajoy cambió la normativa y, a partir de ese momento, la operación se realizaría de forma automática.