Si de algo estoy seguro es que nuestra propuesta sobre la lucha contra el fraude es la más completa. En nuestro programa tenemos siete páginas dedicadas a éste cometido.
Hoy me he reunido con el sindicato GESTHA de Técnicos del Ministerio de Hacienda, he podido compartir impresiones y comentar nuestro proyecto para el impulso de un buen gobierno en el que la máxima es el control de la corrupción y el fraude.
En un país moderno como el nuestro, el crecimiento no está reñido con el control, la seguridad jurídica, la transparencia y un gasto público eficaz. Y en ese sentido nuestro programa es el más equilibrado. Eficiencia y control, transparencia y eficacia en igual medida.
El fraude fiscal es una señal inequívoca de que las cosas no se están haciendo bien. Según la OCDE estamos a la cola respecto a la inversión en recursos económicos y personal dedicados a la la persecución del fraude. Parece que solo se invierte en apretar al más débil de la cadena, a la pyme, el autónomo y al pequeño contribuyente, dejando de lado la búsqueda del “fraude sofisticado”, ese que necesitaría inspecciones más minuciosas y que sin duda contribuiría a mejorar nuestra recaudación.
En Ciudadanos calculamos que unos 20.000 millones de euros se dejan escapar del fisco por no gestionar de forma eficiente la lucha contra el fraude. Reducirlo un 25% es nuestro reto. Esa es la apuesta que forma parte de nuestro programa.
Los derechos sociales deberían ser lo último en recortarse, todavía queda mucho por recaudar si ponemos la lupa donde debe ponerse y dotamos de medios a la Agencia Tributaria.
Comparto la apreciación de que la imagen que han dado las administraciones públicas y la clase política no ha ayudado a que la ciudadanía tomara conciencia de la necesidad de “pagar sus impuestos”. Los gastos excesivos, despilfarros o la corrupción, no son buenos ejemplos ni invitan al cumplimiento. Tampoco las anmistías fiscales.
La Constitución Española en su artículo 31 lo deja claro, todos debemos contribuir al sostenimiento del gasto público. La administración debe hacer que se cumpla esta máxima, siempre desde la seguridad jurídica, la equidad y la transparencia.
Vicente Ten