Anunciaba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en su comparecencia habitual de los viernes que los miembros del gobierno se van a tirar a la calle para explicar los problemas de financiación que tenemos los valencianos. Exactamente, Oltra, afirmaba que «la Generalitat va a llevar a cabo una gran comunicación pública sobre financiación, de modo que los miembros del Consell, concretamente consellers y segundo escalón, recorrerán la Comunitat para explicar a la gente las políticas que se pueden llevar a cabo a lo largo de esta legislatura con una financiación constitucional». Vamos, que van a ir puerta por puerta consellers y secretarios autonómicos para explicarnos el estado de las cuentas públicas y la deficiente financiación estatal. Y no podemos más que saludar esta acción si sirve para que de una vez por todas, los valencianos, tots a una veu, dejemos de lado aquello que nos separa y nos pongamos a reivindicar lo que podríamos hacer con una financiación justa como hacen comunidades tan prósperas como el País vasco o Navarra. Solo hace falta pegar un vistazo a los indicativos económicos de estas dos comunidades, las que, vía concierto económico -reivindicación histórica del valencianismo político-, tienen unos niveles de renta per capita, producto interior bruto o tasa de paro, que posiblemente estarían al alcance de los valencianos con una financiación justa.
Como decimos, el tema cada vez está más en la calle. Y no se trata de sacar a pasear el eslogan catalán de Espanya ens roba, en nuestro caso, se trata de decir prou a Espanya ens infrafinança. Tiremos todos detrás de la reivindicación del Consell, que es la de todos. De hecho, según informó Oltra, el gobierno valenciano se dirigirá al Gobierno de España para que en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, la inversión territorializada valenciana alcance lo que nos corresponde por población, es decir, el 11%. Ese 11% y los 1.679 millones de euros en concepto de inversión que hemos recibido los valencianos por debajo de la media española en el presente ejercicio. Y el ejemplo de este problema que nos ahoga nos lo ofreció el pleno del Ayuntamiento de Valencia; allí, también el viernes, se aprobó por unanimidad (!) reclamar al Gobierno de España la inclusión de partidas plurianuales en los PGE para garantizar presupuestariamente actuaciones en infraestructuras ferroviarias, de movilidad y transporte público y para dar viabilidad a la Dársena del puerto y poder hacer frente a la deuda del Consorcio Valencia 2007. Camino por cierto, que también debería seguir el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la continuidad de la Volvo Ocean Race de la que alertaba esta semana el director general de Deportes de la Generalitat, Josep Miquel Moyà, no tener asegurada para ediciones venideras si no hay un cambio en la financiación del Estado, para estupor de vecinos, hostelería y demás sectores implicados de la ciudad y su comarca. Todo sea dicho, tras el pertinente y necesario informe de viabilidad económica de dicha prueba deportiva, no vaya a ser que seguimos despilfarrando “a lo loco” como hizo el Consell presidido por Alberto Fabra, al gastarse en 2014 6,7 millones de euros, aunque lo desmienta el PP y en su día afirmara que no nos iba a costar un euro. Así que nos sumamos desde ya a la campaña que promueve el Consell de cara al 9 d’octubre con el fin de reivindicar un nuevo modelo de financiación. Y si hace falta convocar una gran manifestación transversal, donde quepamos todos, al estilo de las de finales de los 70 o contra el cierre de RTVV, se convoca. Seguro que es mucho más positiva que la de unos años a esta parte llena la tarde del 9 d’ocutbre el centro del Cap i casal de provocación y desunión entre valencianos.