La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, destacó este miércoles en Madrid que la Comunitat Valenciana «es pionera en toda España en el uso de un sistema de gestión de tarifas en el suministro del servicio de aguas potables a los municipios que ofrece las máximas garantías de transparencia y objetividad».
«En este sentido, -apuntó- los buenos resultados logrados por el sistema desarrollado por la Generalitat es un ejemplo a aseguir por el resto de las comunidades autónomas, que ya han mostrado su interés por implantarlo en sus territorios, por lo que estamos abiertos a la firma de convenios de colaboración con otros órganos de control u otras administraciones públicas».
Ordiñaga realizó estas declaraciones durante su participación hoy en la jornada temática Experiencias Internacionales de Regulación, organizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), en la que ha presentado el sistema de autorización de tarifas de agua que gestiona su departamento.
La directora general explicó que La Generalitat ha desarrollado este sistema ante la falta de un modelo de regulación unificado a nivel estatal, lo que le da un valor añadido. «Se trata de un modelo innovador desarrollado a través de la Comisión de Precios de la Generalitat, en la que participan representantes de las empresas suministradores, asociaciones de consumidores y organizaciones sindicales lo que garantiza el respeto a los intereses tanto de los ciudadanos y los municipios como de las empresas adjudicatarias de estos servicios».
«Este sistema está gestionado de manera técnica e independiente, de forma que para aprobar las tarifas de agua propuestas por las empresas se tienen en cuenta criterios totalmente objetivos y transparentes», explicó.
Así, para aprobar la modificación de cualquier tarifa, los gestores del servicio deben justificar costes reales, con arreglo a la eficiencia económica y la buena gestión empresarial. La tarifación debe ajustarse a las tablas creadas según criterios objetivos por la Comisión de Precios y autorizada por el pleno del Ayuntamiento correspondiente, antes de su implantación definitiva.
«Así, la aplicación dota a las administraciones de un marco de actuación, ante la falta de normativa estatal en la materia. Al mismo tiempo ofrece a las empresas abastecedoras de las garantías necesarias que aseguren la cobertura de los gastos derivados de la instalación de infraestructuras necesarias para el tratamiento del agua, asegurando así la recuperación de los costes, todo ello garantizando a los ciudadanos un servicio de aguas adecuado a sus necesidades», añadió.