Probablemente es mejor eso. Es mejor que se hable del Caso Blasco o del Caso Blesa; incluso es mejor que se hable del 10 a 0 que “la roja” la metió el viernes a los bienintencionados jugadores de Tahití. Es mejor, sí, que se hable poco de la reforma de las administraciones, a pesar de la gran importancia que tiene, si es que de verdad, en los próximos años, vamos a asistir a la transformación general de todo el aparato burocrático del Estado.
El presidente Rajoy, el miércoles, presentó el informe que ha de servir de base a una hoja de ruta, aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, que se supone que habrá de aplicarse a lo largo de la legislatura… y más. El presidente intentó resumir el propósito en 217 enunciados que configuran una tarea sencillamente colosal; porque es muy probable que desde las reformas de Dato o de Maura la esencia del aparato administrativo nacional está por modificar. Del mismo modo que siguen en vigor principios, normas que fueron introducidas en el franquismo y son poco compatibles con la dinámica que requiere la práctica democrática.
¿Cuándo y cómo quedó establecido, por ejemplo, que el funcionario es inamovible? ¿Dónde fue configurado su abanico de méritos y su modelo de ascenso? ¿Qué impide a un alcalde, a fin de cuentas elegido por el pueblo, despedir a empleados del pueblo? Desde la más humilde aldea hasta la más encopetada autonomía; desde el alguacil de la trompetilla al jefe de la Abogacía del Estado, se extiende todo un océano en el que millones de personas trabajan para que la relación entre la ciudadanía y el Estado sea eficaz y barata. Y es el presidente Rajoy –que desde que llegó a la Moncloa dice haber recortado en 375.000 los empleos públicos– el que se muestra ahora dispuesto a hacer no ya que esa relación sea más barata, estrecha y eficaz, sino que se adapte a las exigencias del futuro; para ahorrar, de paso, hasta 8.000 millones de euros.
Son mil facetas las que hemos de ir conociendo en los próximos meses. Todavía no ha trascendido qué les pasará a las diputaciones o a los ayuntamientos pequeños; no se sabe en qué manos habrán de quedar servicios que reclaman proximidad, como los de carácter asistencial ni cómo se resolverá las escandalosas duplicidades que hacen que los servicios se solapen y sean mucho más costosos.
En Suecia, la sanidad es de ámbito regional y la educación la llevan solamente los municipios con dinero que reciben directamente del Estado. ¿Copiaremos el modelo en España? Si vamos a evitar duplicidades ¿en manos de quién quedarán la cultura, la lucha contra la drogadicción, los puertos pesqueros y la construcción de carreteras? Las autonomías, tras la Constitución de 1978, se abrieron paso en la vida pública a codazos y en una década se hicieron poderosas, y absorbieron lo que no tenían, “parasitando” a las diputaciones de una parte y al Estado central por todas.
Sin embargo, cuando el presidente Rajoy habla de evitar duplicidades, cuando señala sin nombrar que Cataluña tiene un Servicio “Nacional” de Meteorología dos preguntas se disparan como resortes: la primera es ¿por qué no lo ha impedido usted en su momento?; la segunda, más capciosa todavía, es obvia: ¿y de verdad va a tener usted coraje para anular ese derroche catalán? ¿Se atreverá a ponerse ese cascabel a ese gato?
No, una parte de la opinión pública española piensa que los desafueros y las duplicidades autonómicas españolas no se van a resolver con buenas palabras. Por más que Rajoy haya sido, esté siendo cada semana, un hierático observador del ridículo proceso de autodeterminación de los catalanes; por más que sea muy eficaz esa forma suya de poner distancia, hay quien piensa que no le resultará tan fácil conseguir la orquestación de todas las autonomías y de contar, por añadidura, con la colaboración del Partido Socialista.
Otro reproche necesario es que no se ha visto la velocidad adecuada a la hora de reducir las empresas públicas que pueblan las administraciones y lastran la vida presupuestaria de todos. ¿Habrá que esperar algunos años más para que se logre el proyecto o en vez de una solemne ley marco debería haberse trabajado con eficientes decretos-ley?
En resumen, que después de muchas, complejas y gravosas reformas, el Gobierno ha empezado a abordar la última y más importante, que es la de las administraciones, con un informe técnico como brújula y con una demanda de consenso y comprensión que por ahora es, como algunos antibióticos, de “amplio espectro”. Consciente del enorme calado del asunto, a sabiendas de que es, por así decirlo, la “esencia de la política española” lo que está en juego, ha comenzado con pies de plomo. Y en su camino se hace acompañar de un sinfín de delicadas preguntas: ¿por qué Cataluña tiene “embajadas”? ¿Por qué hay museos estatales, regionales, provinciales y locales? ¿Por qué cuando una persona nace o fallece no se enteran todas las administraciones a la vez?