Las cinco comunidades dependientes del Tajo han alcanzado un acuerdo que garantiza las necesidades de las cuencas cedentes y receptoras y que impedirá el travase de agua si la reserva es menor a los 400 hectómetros cúbicos, en vez de los 240 actuales.
En rueda de prensa, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que este consenso pone fin a las disputas políticas en torno al agua, asegurará la sostenibilidad del sistema y, además, tendrá rango de ley.
En definitiva, ha dicho, «se coloca blanco sobre negro para que sea desde el criterio técnico, científico y riguroso como se hagan las cosas, con absoluta transparencia y evitar decisiones cuando llegan elecciones, favoreciendo a un gobernante de un territorio» sobre otro.
El ministro ha hecho este anuncio junto al vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar; la consejera de Fomento y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada; el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá; el de Agricultura y Medio Ambiente de Extremadura, José Antonio Echavárri, y el de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
El acuerdo está recogido en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, que el grupo popular registró este martes en la Cámara baja. Así la reserva mínima de 400 hectómetros en la cabecera del Tajo para empezar a trasvasar se alcanzará de forma escalonada en los próximos cinco años, a razón de 32 hectómetros anuales.
Hasta la fecha, la media a trasvasar era de 350 hectómetros cúbicos, pero con este pacto y en función de las circunstancias (lluvias), la cantidad oscilará entre 350 y 600 hectómetros cúbicos. Una vez que se aprueben todos los planes de cuenca -actualmente solo trece están aprobados- se sentarán las bases del futuro plan hidrológico, cuyo horizonte temporal ha situado el ministro para después de la primavera de 2014.