A las universidades españolas, a las cinco universidades públicas valencianas, les ha llegado la hora de ahormarse. No pueden seguir siendo un coto cerrado ajeno a la crisis económica y sus consecuencias. En modo alguno pueden seguir pretendiendo vivir fuera del control de la sociedad democrática.
En las universidades públicas valencianas es moneda corriente que se critique muy duramente el despilfarro que se atribuye a la America’s Cup o la Fórmula 1. Pero ningún profesor universitario, ningún decano o rector, calificará como despilfarro el que las universidades cometieron, a principios de la década, cuando jubilaron con el sueldo completo a todo profesor que hubiese cumplido los 60 años.
Los millones que se han ido y se siguen yendo por esa vía no son para describir. Pero eso no es obstáculo para que los cinco rectores de las universidades públicas se hayan quejado amargamente de los retrasos en los pagos de la Generalitat y de los necesarios recortes a aplicar en unos presupuestos que han ido creciendo sin control mientras el número de alumnos bajaba y bajaba.
Solo en la Universidad Politécnica de Valencia –que alberga a 2800 profesores y 1600 administrativos— el pago de la nómina asciende a medio millón de euros… por día. Con 16.000 empleados públicos, las cinco universidades públicas valencianas esperan recibir cada año de la Generalitat, un montante de 800 millones que destinarán a personal en un 70 %. Los lamentos por la falta de recursos para la investigación crecen, pero en la Universidad nadie quiere hacer el silogismo de que el descenso de alumnos, sumado a la austeridad, debe dar como resultado un recorte del número de asalariados, como en cualquier empresa privada.
Dicen ahora que la Generalitat va a ahormar a las universidades. Se asegura que las universidades valencianas van a hacerse prácticas y a ser posible menos gravosas para las escurridas arcas de la autonomía. En el proceso de adaptación de todas las parcelas de la administración pública a los requerimientos de esta crisis, parece que podría ir llegando el turno a las universidades valencianas.
El número de titulaciones que ofertarán, se asegura, pasará de 407 a solo 188 de forma progresiva, hasta el año 2015. El mapa de titulaciones de las universidades públicas valencianas, firmado por los rectores y los presidentes de los consejos sociales ante el presidente Fabra, así lo indica. Como señala que de 345 modalidades de master se va a pasar a solamente 282.
Se trata, por lo que podemos colegir, de controlar el exceso de oferta universitaria existente y de adaptarla a una nueva realidad en la que forzosamente la universidad va a tener que acercarse a la sociedad. Porque las críticas que desde la sociedad se han dirigido en los últimos años al ensimismamiento universitario, a su endogamia y su gremialismo, alguna parte de razón tenían y en alguna medida deben ser corregidas.
Se trata, en definitiva, de ahormar a las instituciones a un nuevo modelo, decididamente más exigente y austero, como tiene que ocurrir en la administración entera, tanto la estatal como la autonómica y municipal. Y todo esto se ha de producir en un contexto en el que la sociedad habrá de estar mucho más presente y vigilante en la toma de decisiones de las universidades. Con todo el respeto que merecen los consejos sociales de las universidades, su cometido y atribuciones se nos presenta corto en tanto en cuanto sería precisa una hondura mucho mayor a la hora de controlar las orientaciones, decisiones, gastos, planeamiento y proyección del mundo universitario.
Porque desde hace muchos años, con demasiada frecuencia, se tiende a confundir en las universidades la libertad de cátedra, pensamiento y didáctica con el hecho de no rendir cuentas de las actuaciones que se realizan con dinero público.