Tras once años de peripecias judiciales y tras una sentencia firme en su contra del Tribunal Supremo, el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aún no está en la cárcel. No me dirán que lo suyo no tiene mérito.
Hasta ahora, el hombre ha estado convencido de su impunidad. Tanto, que durante la instrucción de su proceso —procesos varios, para más inri— se han ido sucediendo fiscales y magistrados, quienes han ido arrojado sucesivamente la toalla mientras nuestro hombre seguía tan fresco.
Se permitió, incluso, decir que no pensaba pedir el indulto, en el muy improbable caso de ser condenado, porque ése no era su estilo. Pues lo ha pedido, con o sin estilo, porque él sabía que, a diferencia de otros, así podría paralizar su ingreso en prisión, tal como lo ha decidido la Audiencia de Castellón. ¡Menudo es él en dicha provincia, en la que todos le deben algo, para que nadie se atreva a toserle!
O sea, que ahí sigue, en espera de que el Consejo de Ministros resuelva —muy improbablemente— indultarle.
La verdad es que uno no entiende lo dl indulto, institución medieval de cuando ni había democracia, ni garantías judiciales, ni magistrados independientes y el Rey podía, entonces, remediar personalmente alguna obvia injusticia de los tribunales.
Ahora no es el caso. Ahora existen hasta cinco —o seis— instancias judiciales a las que acudir los encausados. El indulto no es ya más que una arbitrariedad de la que se benefician amiguetes y asimilados. El que pretenda beneficiarse de él Carlos Fabra no es más que escarnio de quien cree poder mantener la impunidad de que ha gozado durante 25 años.