Una muestra del desarrollo cultural de los países es la que se deduce del respeto a las leyes y a sus principios, sin importar a quién benefician o a quién perjudican. Y es bueno que digamos, precisamente en estos momentos de tanta confusión, que las decisiones de los ciudadanos, cualquiera que sea su marco, se encuentran, y deben de encontrarse, limitadas por las disposiciones legales. Esto opera tanto para los sujetos privados como para los públicos, pues, al fin y a la postre, las leyes son para todos.
Si tomáramos seriamente todo lo que oímos no daríamos ocasión al sosiego. Afortunadamente, hay opiniones que no pasan de ser simples globos sonda, lanzados con voluntad de confundir o para que la población vaya haciéndose el ánimo. Algo así está ocurriendo con lo que se comenta acerca de la voluntad del gobierno de reducir la deducción de vivienda en el impuesto sobre las rentas de las personas físicas, y hacerlo con carácter retroactivo. Espero que así no sea.
La retroactividad de las leyes es un problema complejo que debe de usarse con gran mesura y cuando no haya más remedio. Nunca debería de usarse en el derecho público, aún cuando beneficie al ciudadano, pues crea inseguridad jurídica y perturba el recto orden de las cosas. Estas cosas deberían de estar fuera de la decisión tanto del sector privado, como del público.
Otro principio de las leyes es el de no hacer distinciones entre personas, ni otorgar privilegios a unos frente a otros, pues todos debemos ser iguales ante la ley, también los servidores públicos y el propio Estado. Lo que se dice del proyecto de implantación de la “Tasa Tobin” sobre las transmisiones financieras, es propio de una cultura decadente, donde predominan los intereses de parte, y no de países de vieja tradición, como ocurre con buena parte de los países europeos.
Motivados por los cálculos recaudatorios, algunos gobiernos de la U.E. están muy inclinados al establecimiento del tributo pero esto sí, les preocupa el efecto que pueda tener en las colocaciones de deuda pública en el mercado. Por ello dicen estar dispuestos a atropellar el orden jurídico, excepcionando de la tasa las operaciones realizadas con deuda pública. Un claro caso de discriminación, vergonzante para sus proponentes.
El derecho a decidir, tampoco puede ser efectivo en estos casos.