Hace un mes supimos que se había aprobado en el Parlamento la derogación de la LOMCE. Sin duda es una buena noticia y se inicia una nueva oportunidad para mejorar la educación. Ahora solo falta por comprobar si realmente hay voluntad política para lograrlo.
Desde UPYD siempre hemos denunciado que los partidos tradicionales se aprovechan de su mayoría parlamentaria para imponer leyes educativas sectarias, efímeras y condicionadas a los pactos con los nacionalistas y a los intereses de los sindicatos y las patronales. No en vano, desde la entrada de la democracia en España, se han aprobado siete leyes o reformas legislativas de la educación, algunas de las cuales ni siquiera han entrado en vigor.
El nuevo gran pacto educativo debería contemplar, en primer lugar, un aumento del gasto educativo, que actualmente representa un 4,36% del PIB de España. Cifra alejada del promedio de la UE (4,9%) y muy alejada de los países que integran la OCDE (5,3%). Si valoramos el gasto público educativo como porcentaje del gasto público total, nuestro país (con un 8%) está a un 25% de distancia de la media de la OCDE y de la UE, situándose sólo por encima de Italia y Hungría.
La otra gran reforma que hay que acometer es terminar con la fragmentación del sistema educativo en 17 subtipos, tantos como Comunidades Autónomas, lo que ha generado una gran disparidad en los resultados académicos y, en algunos casos, la implantación de políticas de imposición lingüística que tratan al castellano como si fuera un idioma extranjero. Además, no es comprensible que un alumno asturiano aprenda distintos contenidos que uno murciano. Por ello, es importante que la competencia en materia de educación se devuelva al Estado central.
En educación primaria y secundaria, una medida importante es la de introducir un currículum más realista que tenga como referencia el tiempo total que el alumno debe dedicar a los estudios y no solo el horario lectivo, así como a la disminución del número de asignaturas, especialmente en la ESO, y reforzar los contenidos y habilidades fundamentales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, matemáticas y ciencia básica, educación física y deporte e idiomas, especialmente el inglés.
También es fundamental promocionar la Formación Profesional, de forma que no sea exclusivamente la opción reservada a los alumnos más rezagados, adelantar la FP Básica a los 14 años y equipararla con el Bachillerato, lo que permitiría la obtención de títulos del mismo nivel.
En cuanto al profesorado, hay que reforzar su autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y mejorar su selección en todas las etapas académicas. Para ello, habría que promover la docencia a los graduados mejor cualificados, potenciar la formación práctica a través de un sistema similar al MIR y mejorar el sistema de evaluación docente.
Respecto a la educación universitaria, esta debería promover la optimización de los recursos; favorecer la competencia entre centros; otorgar incentivos a los alumnos, investigadores y docentes más productivos y cualificados; favorecer la movilidad; y ajustar la oferta de titulaciones de posgrado de un modo realista a la demanda real.
Por último, es imprescindible inculcar el concepto de que la Universidad es una institución académica exigente que supone un alto coste para la sociedad, de la que se espera la formación de profesionales de alta cualificación y el desarrollo de estudios de investigación científica básica y aplicada.
No he mencionado todas las medidas necesarias -necesitaría 100 páginas para ello- pero si se cumpliese tan sólo con lo que he dicho, se lograría mayor competitividad e innovación; progreso científico y educativo; e igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.