Estábamos, si el lector lo recuerda, en la primera fase de la Ley. O en la primera ley anti-tabaco que el pueblo español ha recibido en los últimos años. Estábamos a 13 de diciembre de 2005 y los hosteleros habían protestado el día anterior contra la ley, que tenía que entrar en vigor el 1 de enero de 2006. “El sector propone instalar extractores en vez de separar las zonas con muros”, decía el periódico, atento a lo que informaban fuentes de la Federación de Hostelería de Valencia y Provincia.
Tal y como venían las cosas, había enfado porque se hacían necesarias unas inversiones que eran caras y bastante complicadas. Pero como los diarios recogían, el sector estaba dispuesto a hacer de tripas corazón pensando en que “la mayoría optará poder dejar fumar a partir del 1 de enero” en las zonas habilitadas para ello.
Pero a muchos se les puso la mosca detrás de la oreja cuando la ministra de Sanidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, no aclaraba lo que parecía conveniente aclarar: si un restaurante, si un bar, adopta unas medidas concretas instalando separaciones o extractores de humo ¿podrá ocurrir que eso no sirva para nada si luego cambian las condiciones reglamentarias?
El periódico avisó en su momento de este peligro. Vean este texto que lo aclara todo: “En la ley que actualmente se debate en las Cortes –ha pasado ya el trámite en el Senado— no se menciona si se podrá cambiar la decisión adoptada con el paso del tiempo”.
Pero los profesionales de la hostelería, en las puertas de la Navidad del 2005, salieron a protestar en una pugna con el poder que creían tener dominada. El periodista, en su crónica, describe que los hosteleros escenificaron como si levantaban un muro unos metros antes de la delegación del Gobierno, donde el entonces delegado, Antoni Bernabé, les recibió con toda cortesía. Al día siguiente esa misma acción, la de levantar un muro simulado, la repitieron “delante del ministerio de Sanidad, en Madrid”.
Tal y como las cosas venían, cuando la ley no era bien conocida aunque faltasen unas pocas semanas antes de su entrada en vigor, se suponía que “en los locales de menos de 100 metros cuadrados” se debería decidir “antes del 1 de enero si dejaban fumar o no a los clientes”. Aunque los que superasen esta superficie “deberán habilitar zonas para fumadores y no fumadores”. Estos se enfrentaban al reto de una reforma integral del local, lo que podría suponer una nueva licencia de actividad.
La Ley antitabaco, la primera, entró en vigor, efectivamente, en enero de 2006. Y obligó a reformar varios miles de locales. Sin embargo, cinco años después, el 30 de diciembre de 2010, entró en vigor la Ley 42/2010, la llamada “nueva ley antitabaco”, que entró en vigor el 2 de enero de 2011 para extender la prohibición de consumir tabaco en cualquier lugar cerrado de uso público y con algunas limitaciones, añadidas, al hecho de fumar en lugares abiertos y públicos. Esta limitación comprende los espacios al aire libre de centros educativos, excepto universitarios, recintos de centros sanitarios y las zonas acotadas en los parques infantiles.
Para entonces, la que había sido dura perseguidora de los fumadores desde el Ministerio de Sanidad era ya vicepresidenta del Gobierno.
PUCHE