Qué hacemos con los ayuntamientos…

josé luis pichardo

Y con algunas diputaciones, gobiernos regionales y demás administraciones tanto locales, autonómicas cómo estatales?

Esa es la gran pregunta de difícil solución y de peor pronóstico, porque lo cierto es que ningún gobierno ni partido político, salvo honrosas excepciones, se atreve a ponerle el cascabel al gato para solucionar una solución de endeudamiento en unos salvajes niveles financieros.

Porque esa es la realidad, aunque nuestros políticos se empeñen en ver lo contrario. Esta semana hemos tenido un nuevo mazazo al conocer el nivel de la deuda pública cuyo valor asciende ¡a casi el 97% del PIB!

Vamos, un absoluto despropósito, una barbaridad, que conduce a la economía española a un agujero sin fin, a una espiral cuyo diámetro crece a un ritmo incontrolable.

Pero esto es fácil de explicar, porque las normas que exigen tanto el Estado como los gobiernos regionales para aplicarlas en sus respectivos ayuntamientos y administraciones locales luego las incumplen sistemáticamente para mantener cargos y departamentos que no siempre tienen una función específica.

Pero así funciona la Administración española y no hablemos ya de la valenciana. Mientras una buena parte de los Ayuntamientos de la Comunitat han hecho sus deberes financieros, incluyendo la casa mayor de los consistorios que es la Diputación, al menos en Valencia, las capitales de las tres provincias y la Generalitat alcanzan cifras absolutamente desproporcionadas que resultan difícilmente justificables a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos locales.

En este sentido, por comparativa respecto a Alicante y Castellón, que tampoco son abanderados del saneamiento precisamente, se lleva la palma la ciudad de Valencia, no solo en el contexto de la Comunitat si no en el conjunto nacional, con una deuda estipulada en 872 millones de euros en 2013.

Esta semana, la alcaldesa Rita Barberá sacaba pecho de donde no resulta sencillo alardear, mostrando una rebaja sustancial de la deuda del Cap i Casal en el último año sin ayudas crediticias y utilizando los recursos propios.

Estos resultados sonarían muy bien si Barberá y su gobierno llevaran poco tiempo regentando el consistorio valenciano, pero no es el caso ya que han superado las dos décadas de legislatura con más sombras que luces en la gestión económica.

Y de hecho, otros gobiernos locales pertenecientes al propio PP sí que han hecho los deberes como es el caso de Alfafar, donde en solo una legislatura el grupo liderado por el alcalde Juan R. Adsuara ha conseguido revertir el rumbo de un endeudamiento mastodóntico heredado de 30 años de gobiernos socialistas.

¿Es un milagro? No. ¿Es gracias a créditos bancarios? Tampoco. Porque de hecho el municipio solo los ha conseguido cuando ha demostrado ratios de solvencia y ha podido duplicar la amortización de deuda con el desarrollo de infraestructuras, dentro de los cánones de exigencia que otorga la actual Ley de Entidades Locales.

Así que tampoco valdría decir, por ejemplo, que Valencia es mucho mayor que Alfafar, lo cual es obvio, y por ende se entiende que los costes son muy superiores en una ciudad de 800.000 habitantes respecto a una de 20.000.

Porque aplicando esa misma fórmula los ingresos también se multiplican por muchos millones de euros en una ciudad debido a una mayor población, vehículos o viviendas, donde por cierto, Valencia aplica unos impuestos de IBI, Circulación y unas tasas de la grúa que superan por amplio margen a las de otras grandes ciudades españolas.

Es decir, a priori una ciudad como Valencia tiene una mayor capacidad recaudatoria a pesar de soportar grandes costes, por lo que la gestión luego depende de muchos factores, y por supuesto de un gobierno local eficaz y eficiente capaz de mantener un endeudamiento sostenible.

Porque la realidad actual de la ciudad es que se encuentra entre los ayuntamientos más endeudados de España, por lo que urge tomar decisiones para conseguir unos índices aceptables que permitan al consistorio tener unos ratios de solvencia acreditados de acuerdo a lo que marca la Ley.

Y esas medidas hay que aplicarlas con contundencia, ¡pero ya! en todas las administraciones que requieran de un recorte importante ya sea mediante la fusión de ayuntamientos, ¿por qué tiene que ser una decisión descabellada? o la desaparición de otras entidades deficitarias con independencia del modelo que tengan, incluidos los gobiernos regionales.

¿Por qué hay que tener miedo para hacer cambios que los exige la sostenibilidad de la economía, Bruselas y la propia ciudadanía? ¿O es que acaso desde el punto de vista financiero no podrían mantenerse en la Comunitat las tres diputaciones manteniendo el status quo de las señas de identidad valencianas, en detrimento de una Generalitat que ha demostrado su ineficacia económica en las últimas décadas?

¿Suena descabellado? Para los analistas financieros puede que no tanto.

Porque lo cierto es que algo hay que hacer para que la deuda pública española vuelva a parámetros razonables, ya que no resulta comprensible seguir pidiendo más esfuerzos a ciudadanos y empresas cuando las administraciones no cumplen con sus obligaciones, incluidos los pagos a proveedores.

Al final vendrá Bruselas con la tijera y entonces se convertirá en el malo de la historia, porque de lo contrario los españoles tendremos que seguir aguantando como la deuda pública sigue arrastrando al país a una caída libre, privándole de la boya vital para salir a flote.

Es momento de tomar responsabilidades y decisiones drásticas en el corazón de los partidos políticos, sobre todo de PP y PSOE, para que entiendan que algo está cambiando y que las viejas fórmulas de colocación a sus acólitos empiezan a convertirse en unos innecesarios lastres del pasado.

Y desde estas líneas queremos mostrar nuestra más absoluta repulsa con el acto criminal que costaba la vida a la Presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco. Porque el odio y la crispación jamás deben convertirse en un magnicidio por muchas o pocas razonas que tenga una persona.

La justicia está para dirimir contenciosos y en su respeto tiene la democracia uno de sus valores esenciales.

Ojalá nunca más se repitan estas situaciones en una España que todavía debe madurar tanto en su ciudadanía como en el respeto a las instituciones, y si no que se lo pregunten a la diputada Mónica Oltra por su lamentable actitud en Les Corts Valencianes.