Con razón, los líderes de la empresa familiar española (que comanda Javier Moll, editor del Levante y el diario Información) reunidos en Alicante han anunciado ante el Rey Felipe VI que suspenden a los políticos. Están mucho o más que hartos que los españoles sin empresas, quizá porque les toca más el bolsillo y viven de cerca la incapacidad del sistema político español actual para enfrentarse a la viva realidad.
Tienen todo el derecho a hacerlo y me sumo a ello. Pero con el mismo derecho doy un suspenso bajo a gran parte de los empresarios españoles. Los organizados, los asilvestrados, los millonarios y los que sobreviven con cuatro euros y dos facturas sin IVA. No pueden estar siempre tirando la piedra y escondiendo la mano. ¿Cómo denuncian la corrupción política y no denuncian a los corruptores con licencia fiscal? ¿No quieren recordar que su anterior jefe, Diaz Ferrán, está en la cárcel por chorizo?
¿En qué contribuyen los empresarios a la limpieza del sistema? Alguien con ganas y tiempo dedicará un día un libro a contar la lista de empresas españolas que trabajan con la administración o han tenido algo que ver con decisiones políticas y nos quedaremos sorprendidos de cuánto negocio depende de decisiones políticas. Y en casi todas estas relaciones de negocio acaba apareciendo algo raro, que no digo que haya corrupción.
¿Todas las carreteras españolas tienen el grosor de asfalto determinado en el concurso para la obra? ¿Y todas las carreteras la anchura reglamentaria? ¿Todas las cajas de jeringuillas desechables que van a un hospital tienen las unidades fijadas en el pliego? ¿Seguro que todos los empresarios pueden tirar la piedra contra los políticos y esconder la mano? Hay de todo, como en política o en periodismo.
¿Qué empresas de las que construyeron la Feria de Valencia aumentaron los costes? ¿Por qué? ¿Qué cambio hubo en los materiales? ¿Y en diseño? ¿Y en la ingeniería? ¿Era necesario? Eso no se pregunta. Nos quedamos solo en la improvisación o el despilfarro de los políticos y no hablamos de corruptores.
Y luego llegan los del Consejo Empresarial para la Competitividad y dan una docena de medidas maestras para solucionar nuestros problemas. Cierto. Muy buenas. Me gustan sobre todo las que guardan relación con la formación. Por mucho karma sobre generaciones bien preparadas nuestros jóvenes son un general unos paletos cuando tienen que competir con otros de su edad y condición en los mercados donde hay trabajo. Hay que rehacer todo el entramado educativo y no solo con una ley de Educación. Hay que cambiar el sistema, incluido la formación de los maestros y la eficacia en la gestión de directores de centros y rectores.
Pero los del CEC hablan de hacer aflorar la economía sumergida, el fraude laboral y otras medidas similares. Y así lo piden a los políticos. ¿Pero coño, si esas interesantes medidas se las tienen que aplicar ellos? En otros países no hay que pedir lo obvio porque a ningún empresario o particular se le ocurre pagar una casa en negro o no pedir factura con IVA cuando vas al dentista. Aquí es norma. Si compras una casa (cuando se compraban) te hacen descuento si pagas en B y el autónomo (empresario al fin y al cabo) te pregunta si con IVA o sin IVA. Son los empresarios de cualquier nivel quienes tienen que acabar con estos fraudes, no solo a base de palos de la inspección de Hacienda.
Estos de la CEC y parecidos deberían expulsar de sus asociaciones profesionales y empresariales a todos aquellos que quede probado que trajinan con economía sumergida, no hacen contratos o emplean a gente que esté cobrando el subsidio de desempleo sin darlos de alta. Son normas que no solo quedan en manos del BOE, sino de cualquiera que esté afectado por ello. Porque hay que reconocer que el empleo lo crean las empresas, no ese BOE tan sufrido. Empresas eficaces que han sobrevivido a la crisis. Pero hay que pedir a los empresarios los mismos principios éticos que ellos piden a los políticos.
Y claro. Los del CEC, la empresa familiar o los de cualquier clan (en Castellón los empresarios oficiales y la Diputación se unen para pedir a Valencia y a Madrid) lloran, protestan o denuncian a los políticos, que está bien. Pero la tarea de crear trabajo, higienizar los negocios y ser más competitivos empieza por ellos mismos. Y menos mal que hay miles de empresarios en la Comunidad Valenciana que están en ello, sin necesidad de buscar terceros culpables. Y les va bien.
Muy bien. A ellos y a nosotros.