El pasado 29 de noviembre, casi un mes después del anuncio del Consell y tras más de 24 horas de control por parte de los trabajadores, la Televisión Valenciana fundió en negro. Se ponía, así, fin a más de 20 años de historia del ente público valenciano con el objetivo de atajar el insostenible gasto económico que llegó a suponer para las arcas de la Generalitat. Pero, 100 días después, el ahorro es difícil de encontrar.
En estos más de tres meses en que Radiotelevisión Valenciana ha dejado de emitir, se estima que el ente ha costado más de 60 millones. Por estar cerrado. Ahora bien, lo cierto es que la cifra oficial es imposible de calcular, pero partiendo de los salarios y otros compromisos adquiridos aunque no cumplidos, diferentes versiones hacen suponer que ese número se supera con facilidad.
Así que, mientras se resuelven las condiciones del ERE de extinción de RTVV, los más de 1.600 trabajadores del ente siguen percibiendo su sueldo en situación de «permiso retribuido». Esto cuesta unos 160.000 euros al día, lo que, multiplicado por los 100 días que se prolonga este ‘impasse’, acumula unos 16 millones de euros gastados, sólo en nóminas.
Pero no es lo único que se continúa pagando. También hay que seguir haciendo frente a los gastos de mantenimiento de las instalaciones: altas de servicios y suministros, limpieza, seguridad, impuestos, etcétera. Y, como el Consell se descuide, el Ayuntamiento de Burjassot empezará a cobrarle el IBI por el edificio, que ya no tiene la calificación de servicio público. Los costes de estos servicios más los de la ruptura de los contratos podría ascender a 10 millones de euros,
Además, RTVV se ve en la obligación de hacer frente a contratos ya firmados sobre los derechos de emisión de eventos deportivos, como los partidos de fútbol de los equipos valencianos o la retransmisión de la Fórmula 1. Diferentes cálculos hablan de unos 36 millones de euros. El total de las cifras mencionadas asciende a unos 62 millones de euros.
Fuera de este desembolso queda el gasto en abogados, las indemnizaciones por despido que finalmente se acuerden con los sindicatos, y los honorarios de las consultoras que están asesorando al Gobierno valenciano sobre el modo de soltar lastre con el ente público. De momento, Pricewaterhouse Coopers y Garrigues, autoras del informe que derivó en el ERE fallido, se han embolsado buena parte de los 800.000 euros que costó ese proceso, que todavía está lejos de darse por finalizado.