El Consell muestra su asombro y decepción por que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso presentado por la Generalitat a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Tras conocer la noticia, la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha mostrado en nombre del Consell su «sorpresa y decepción» a la sentencia y ha señalado que «supone una profunda discriminación para los valencianos y valencianas». No obstante, Bravo ha asegurado que el Consell «acata» la decisión del Alto Tribunal.
La consellera Bravo ha resaltado que un recurso «tan trascendental para los intereses de esta Comunitat haya sido resuelto en sólo 45 días». Según ha explicado la titular de Justicia, «las alegaciones de la Abogacía del Estado fueron trasladadas en fecha del 22 de marzo, y es a partir de ese momento cuando se someten al estudio y deliberación del Alto Tribunal». En este sentido, Gabriela Bravo ha recordado que en otros asuntos parecidos el Constitucional ha tardado entre cinco y nueve años en tomar una decisión.
El recurso ante el Tribunal Constitucional fue presentado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado la propia Gabriela Bravo, el pasado 28 de enero. El Gobierno Valenciano alegó que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 suponía una vulneración del derecho constitucional de los valencianos al recibir el mismo trato que el resto de los españoles en materia presupuestaria.
En concreto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 establecía las transferencias mediante el Fondo de Suficiencia Global a las comunidades autónomas. En su recurso, el Consell exigía que se anulara la cuantía correspondiente al Fondo de Suficiencia Global negativo de la Comunitat Valenciana (es decir, la transferencia de la autonomía al Estado) por importe de 1.329.533.560 euros, incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y que se incrementara en idéntico importe la financiación correspondiente a la comunidad autónoma.
La Generalitat entendía, en primer lugar, que la ley de presupuestos prorrogaba indebidamente el periodo quinquenal previsto para la vigencia del sistema de financiación autonómica, de lo que se derivaría la vulneración de varios artículos de la LOFCA. Además, el Consell sotenía que el importe negativo del Fondo de Suficiencia Global privaba a la región de la financiación suficiente para garantizar un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales y en condiciones de igualdad con el resto de regiones.
Según ha explicado Gabriela Bravo, «el fondo del recurso de inconstitucionalidad era más importante que la simple reivindicación de la necesidad de cambiar el modelo de financiación, que ya está en el debate político». Para la titular de Justicia y Administraciones Públicas, «la interpretación y la aplicación de esas normas en la Ley General de Presupuestos contravenía seriamente los derechos fundamentales de los valencianos y valencianas». Al respecto, ha anunciado que seguirán trabajando, desde el ámbito político, para conseguir una financiación justa para la Comunitat Valenciana, a pesar, ha remarcado, «de que el Gobierno central no lo está poniendo nada fácil».