El Supremo decidirá quién juzga los contratos de Turismo con la Gürtel

Como ya había avanzado, la Fiscalía Anticorrupción ultima un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de declararse no competente en el caso de las adjudicaciones de Turismo a la trama Gürtel para varias ediciones de Fitur. El TSJCV consideró que la dimisión de Angélica Such y Milagrosa Martínez como diputadas en Les Corts conllevaba necesariamente su falta de competencia porque ya no había aforados en el caso. Sin embargo, al entender que dicha resolución “no es ajustada a derecho”, Anticorrupción la recurrirá “por infracción de precepto legal y constitucional”.

La sala de lo Civil y Penal del TSJCV se declaró no competente para celebrar el juicio por la pieza 3 del ‘caso Gürtel’, relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur, y lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia. El tribunal valenciano adoptaba esta decisión después de que Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda, dejara su escaño en Les Corts igual que había hecho previamente Angélica Such, con lo que la pieza se quedó sin personas aforadas y, por tanto, la competencia para enjuiciarla no tenía por qué estar circunscrita al tribunal valenciano.

En la pieza 3 del ‘caso Gürtel’ están procesadas 13 personas: las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. El PSPV, que ejerce de acusación popular en el ‘caso Gürtel’, solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como una multa de casi ocho millones de euros; para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.

A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la Agencia Valenciana de Turismo, entidad pública de la Generalitat, a la mercantil Orange Market, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Asimismo, están acusados de posibles duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.