El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones en un auto en el que exculpa al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y a un empresario y mantiene imputados a cuatro ex altos cargos autonómicos por los convenios firmados para el Valencia Summit y en el que, sobre los Juegos Europeos, destaca que el Instituto Nóos presentó una factura a la Generalitat «por la intermediación en la contratación de una asistenta para la asistenta (no se trata de un error) de Don Iñaki Urdangarin en la que no es adivinable qué relación puede guardar» con el proyecto.
Así lo indica el magistrado en un auto en el que dedica uno de sus apartados al convenio para el diseño de la candidatura de los Juegos Europeos «pretendidamente a celebrar en Valencia», para lo que «en fecha no precisada» de mediados de 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps Ortiz, encarga a su entonces vicepresidente, Víctor Campos, que se traslade desde Valencia a Barcelona», acompañado del empresario Miguel Zorío, para acudir a las oficinas del Instituto Nóos, presidido por Urdangarin, e indagar la posibilidad de que esta entidad «colaborase» con el Gobierno valenciano «bajo cualquier modalidad y con cualquier objetivo».
Al respecto, el juez indica en la resolución que, «a reserva de los variados cauces que la lamentable realidad ofrece a través de los cuales pueden discurrir los favoritismos y compadreos, en el ejercicio de una administración regular y seria es impensable que un presidente de una comunidad autónoma comisione a su vicepresidente para contactar con un proveedor, menos aún para acudir a su despacho y menos aún si ello le obliga a desplazarse fuera de su propia comunidad».
Asimismo, ve «fuera de lugar» la intervención de Zorío, quien «solo tenía por objeto servicios de mediación lucrativa a los que nunca se debieron prestar las autoridades autonómicas». Así, señala que si como dice Campos esa entrevista «no tenía como objetivo ninguna concreta colaboración que pudiera ser calificada de interés público o fin social sino estar a las que tuviera en stock o pudiera elaborar Don Iñaki Urdangarin, parece elemental que la finalidad directamente perseguida era la de favorecer a aquél en razón a su real parentesco y al intermediario, señor Zorío, siendo irrelevante el proyecto sobre el que se pudiera convenir que no pasaría de una mera excusa».
El juez hace notar que se le preguntó a Campos cuántas veces durante sus tres años en el Consell había actuado de esta manera y «su respuesta fue escuetamente un ‘nunca’, lo que hace innecesario ningún otro comentario». A raíz de todo ello, surgió la iniciativa de la preparación de la candidatura de la Comunitat como sede de la primera edición de los Juegos Europeos.
El empresario logró en septiembre de 2005 una reunión con Camps a la que acudió Urdangarin, «cuya presencia, en tanto sólo lo era en calidad de subcontratado para hacer un previo informe por la entidad regentada por el primero, Lobby Comunicación, no tenía más explicación que hacer desvanecer cualquier obstáculo que pudiera presentarse», tanto de hecho como los que se derivarían de la correcta aplicación de la ley.