Grau recordó que no se ha efectuado ninguna revisión catastral desde el año 1997, y explicó que se tenía que haber hecho en 2007, pero se renunció porque, según manifestó, «sabíamos que iba a haber una evolución de los precios a la baja, que en estos momentos está en torno al 30 %».
Ha anunciado que la revisión catastral se hará cuando haya una situación económica mejor y se estabilicen los precios, informó en un comunicado el alcalde en funciones.
Por su parte, el concejal socialista, Pedro Miguel Sánchez, recordó que “si hubo una subida del IBI aprobada por el PP en 2011, que supuso el incremento del impuesto el 10% para 2012 y 2013”. Y que respecto a 2014 el programa de estabilidad 2013-2016 que presentó el Gobierno de España en Bruselas se plantea que “con objeto de dotar de mayores recursos a las Entidades locales, igualmente se dota de continuidad al incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”. Por ello, Pedro M. Sánchez consideró, en un comunicado emitido por el partido, que “a pesar de las declaraciones del Sr. Grau, en 2014 se mantiene la subida del 10% del IBI, con lo que los valencianos si sufrirán una subida del impuesto respecto a los años anteriores al 2012”.
Además, el concejal socialista consideró “injusto el mantenimiento de esta subida, porque afecta a todos por igual, sin tener en cuenta la situación económica personal. Teniendo en cuenta que el PP rechazó todas las alegaciones que el grupo socialista hizo a las ordenanzas fiscales de 2013 que incluían bonificaciones para familias numerosas y monoparentales según el valor del bien y los ingresos económicos, así como para los contribuyentes que estuviesen en una situación económica difícil”.
Especulaciones con suelo dotacional y solicitudes de expropiación
Grau, por otra parte, denunció que se ha detectado que existen empresas que especulan con suelo dotacional, se lo compran a los propietarios por un precio inferior y luego piden más dinero por la expropiación forzosa. Se refirió a una «profesionalización» de las expropiaciones con la aparición de empresas que compran suelo.
Según los datos aportados por Grau, en 2008 hubo 22 solicitudes de expropiación; en 2009, 31; en 2010, 26; en 2011, 29; en 2012, 21, y en lo que va de año ya se han registrado 23
La ley recoge la exigencia de 5 años desde la calificación como suelo público a los que hay que añadir otros 2 años que deben transcurrir desde que anuncian la petición de expropiación.
Posteriormente, si no les han presentado la correspondiente hoja de aprecio de expropiación forzosa, los propietarios originales de las parcelas dotacionales, o bien aquellos que se las hayan comprado presumiblemente con fines especulativos, se dirigen al Jurado Provincial de Expropiación.
Grau informó de que el Ayuntamiento, en defensa de sus valoraciones, comunica al Jurado aquellos casos en que ha habido una trasmisión patrimonial que ha conllevado incremento del precio solicitado.
«El Jurado no suele atender a eso y permite esa vía de especulación», comentó, para añadir que sería deseable que los jurados hicieran una «revisión a la baja de las valoraciones teniendo en cuenta la actual situación económica, ya que ahora muchas veces se está valorando por encima de los precios de mercado».