El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga la gestión del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) en la época en la que estaba dirigido por Consuelo Císcar, entre los años 2009-2013, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
En concreto, este juzgado ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia que ha interpuesto Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el IVAM. La causa está bajo secreto de sumario, tal y como han concretado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Precisamente hace poco más de un mes, Anticorrupción decidió investigar supuestas irregularidades en el IVAM después de que le llegara por dos vías –el propio IVAM y UGT– el informe ‘Procedimientos de Gestión Económico-Financiera de la actuaciones realizadas por el IVAM’, realizado por la Intervención General, dependiente de la Generalitat, que, entre otras cosas, alertaba de compras de obras de arte por más de un 1.500% más del valor de mercado.
Tras recibir esta documentación, Fiscalía decidió investigar las supuestas irregularidades detectadas en relación con el pago de obras de arte, de comisarios, o gastos de viaje, alojamiento y comidas.
En concreto, en uno de los apartados del informe de la Intervención se cuestionaba la adquisición de obras de arte por parte del IVAM y se indicaba que de cinco obras seleccionadas en el periodo 2009-2013 existían diferencias entre el precio de mercado y el importe pagado por la institución de entre el 45,20 y el 1.520 por ciento.
El total de este conjunto de obras supuso un desembolso de 205.120 euros frente a la valoración externa fijada en 97.500, lo que se traduce en una diferencia del 110 por cien. Así mismo, las propuestas de compra y su precio partían, según el mismo informe, de la directora general, casada con el exconseller y exportavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, condenado y en prisión por una pieza del llamado caso Cooperación.
Respecto a las exposiciones, la auditoría –remitida al fiscal– ponía de relieve que el instituto no disponía de una norma escrita para organizarlas y la elección de los comisarios y su remuneración se realizaba «de forma discrecional por la directora gerente (…) sin realizar análisis previo para determinar la correcta estimación de sus honorarios».
Igualmente, señalaba como «irregularidades más significativas» en el capítulo de publicaciones la contratación de los servicios de edición de los 20 números de la revista ‘Cuadernos del IVAM’, con un coste de 2,3 millones de euros, donde hubo fraccionamiento y adjudicación directa a una empresa «sin motivar adecuadamente la específica necesidad».