La causa contra Castellano, en los juzgados de Sagunto. Finalmente, la causa abierta contra el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, y otras ocho personas más por presunta malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros delitos, se quedará en los juzgados de la localidad valenciana de Sagunto, concretamente en el número 2. Además, la asume el mismo juzgado que también instruye una querella interpuesta por la propia mercantil contra Francisco Alandí, el exgerente de la entidad, por estafa.
En un primer momento, fue el juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto -que estaba de guardia- la pasada semana el que ordenó las detenciones de Castellano y los otros nueve imputados en el procedimiento, así como los más de una decena de registros practicados en la provincia de Valencia.
LIBERTAD CON CARGOS
La titular de este órgano judicial fue la encargada de tomar declaración a todos los arrestados, a los que dejó en libertad provisional con cargos, con retirada de pasaporte para que no puedan salir del territorio nacional.
Ahora este asunto ha pasado, por orden de reparto, al Juzgado de Instrucción número 2 de la misma localidad, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa ante el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana en la que aludía a una «actuación maliciosa» e, incluso, delictiva, por parte de miembros del Patronato de la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunitat Valenciana, dirigida por Huerta. En esta denuncia, Alandí aludía a supuestas facturas falsas y a cacerías con altos cargos del Gobierno valenciano, que ya se están investigando.
Seguidamente, el pasado año, Alandí presentó una denuncia en Fiscalía Anticorrupción de Madrid, en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la Conselleria de Gobernación dirigida entre 2007 y 2014 por Castellano –quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV– a Avialsa por la extinción de incendios. Desde Madrid se remitieron las actuaciones a Valencia, y el fiscal anticorrupción encargado del caso, Vicente Torres, tras meses de investigación, decidió denunciar los hechos en el juzgado.
En la causa abierta contra Castellano, a los diez imputados se les atribuyen, en diferentes grados, delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo. En este procedimiento se investigan supuestos favores de Castellano a Huerta, con quien coincidió en cacerías y al que adjudicó contratos para la extinción de incendios forestales por 33 millones de euros; así como actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa.
QUERELLA DE AVIALSA
Además, de manera paralela, se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto instruye en estos momentos la querella que en su día interpuso Avialsa -cuyo presidente, Vicente Huerta, se encuentra entre los diez imputados en el procedimiento de Castellano- contra el exgerente de la mercantil, Francisco Alandí, por un presunto delito continuado de estafa.
En este procedimiento se le ha fijado a Alandí una fianza de 500.000 euros y se investiga un delito continuado de estafa agravada en relación a obras en su vivienda y a viajes sufragados por Avialsa; y sus actuaciones con la mercantil Glofrane, por un presunto delito continuado agravado de apropiación indebida, en relación a facturas, liquidación de gastos y uso de tarjetas de empresa, según consta en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.