En las últimas semanas los vecinos de Patraix han detectado un creciente interés de diversas empresas de telefonía por sus azoteas. Así lo afirma la asociación de vecinos ante la alarma y preocupación de las comunidades de vecinos sondeadas por estas compañías. Para analizar la cuestión y ofrecer a los residentes todas las claves, a favor y en contra de las instalaciones, la agrupación ha convocado una reunión informativa, a las 19 horas, en su sede.
«Es un asunto que atañe a la salud de todos», afirman desde la asociación, aunque no sólo se trata de prevenir daños físicos o psíquicos, como puede aducirse en contra de las instalaciones. También patrimoniales.
El barrio, como viene ocurriendo en Benimaclet o Benicalap, ha sido tradicionalmente punto de mira de este tipo de empresas. De hecho, desde el 2004 hasta el año pasado se han sucedido las sentencias obligando al desmontaje e incluso el inicio de las obras de varias antenas en la zona, suponiendo en algunos casos largos y costosos litigios.
Un claro ejemplo es la lucha que un grupo de vecinos de la calle Padrones, al que se sumó el AMPA y el Consejo Escolar del Colegio Público José Soto Micó, emprendió en 2007. Parte de los vecinos de una comunidad de vecinos, pese a la negativa de un pequeño grupo, dio luz verde a la colocación de la antena en la terraza y el Ayuntamiento concedió permiso.
Aunque el argumento vecinal principal era la proximidad con el centro escolar, la Audiencia concluyó que la antena no contaba con el visto bueno de la totalidad de los vecinos y afectaba a la estructura del inmueble y obligó al desmontaje en 2012.
La Asociación de Vecinos de Patraix, con el recuerdo fresco, toma como referencia los argumentos de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de España (CAVE) sobre la falta de acuerdo de la comunidad científica sobre los efectos en la salud de las emisiones electromagnéticas.
Y dan las claves para impugnar un posible acuerdo de una comunidad de vecinos en una junta sobre la colocación de antenas: «si la junta de propietarios entiende que no hace falta unanimidad y adopta la mayoría de 3/5, los propietarios que están al corriente de todas sus deudas con la comunidad que hubiesen votado en contra en la junta y los ausentes, dispondrán de tres meses para impugnar dicho acuerdo de instalación ante los tribunales».