El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha advertido de que las cifras que ha comunicado el Ministerio de Hacienda de las entregas a cuenta en 2017 y de la liquidación de 2015 que se cobrará el próximo año «resultan claramente insuficientes para atender en condiciones de igualdad con el resto de comunidades autónomas los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) de los valencianos». En concreto, Soler señala que, según revelan los informes de la Comisión de Expertos pactados por las Corts, la Comunidad Valenciana necesitaría este año 2.464 millones para alcanzar el gasto promedio por habitante del conjunto de las comunidades y cumplir con el déficit. Los recursos del sistema para 2017, sin embargo, solo crecen 470 millones.
El ministerio, con más de dos meses de retraso, ha remitido finalmente unas cifras en las que, según la misiva enviada, se ha limitado a «tomar como referencia la cifra equivalente de los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, ajustada a los índices y variables de la ley 22/2009, de 18 de diciembre», de financiación de las comunidades autónomas. Y lo justifica alegando el «escenario de posible prórroga del presupuesto».
Según los datos que comunica, la Generalitat recibirá en 2017 un total de 9.568,73 millones de euros (9.659,96 millones, menos el reintegro de 91,24 millones por el aplazamiento de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009), lo que supone un 5,16% más que este ejercicio. Sin embargo, esta cantidad se desglosa entre unas entregas a cuenta de 8.029,79 millones (8.121,02, menos los citados 91,24 millones), un 3,16% más que este año, y una estimación de liquidación del ejercicio de 2015 por importe de 1.538,94 millones, con un aumento del 17,03%.
El 16% de la financiación, retenida año y medio hasta julio de 2017
De este modo, el grueso del incremento en términos relativos es consecuencia directa de la liquidación de 2015. «El dato supone que el Gobierno central se equivocó en sus previsiones de aquel ejercicio en nada menos de 1.538 millones, lo que representa el 17% de la financiación de la Generalitat de aquel año; es un dinero de los valencianos que ha retenido durante año y medio y que no nos transferirá hasta julio de 2017», ha criticado el conseller Soler. Como derivada, esa cifra tan elevada de liquidación comporta que el 16% de la financiación de 2017 no la recibirá la Comunitat Valenciana hasta julio del próximo año, «lo que provoca tensiones de tesorería en la primera mitad del ejercicio que lo único que causan son sufrimiento y retrasos innecesarios a miles de proveedores, familias y ciudadanos».
«Las cifras evidencian el desequilibrio y maltrato del sistema de financiación hacia los valencianos, a pesar de lo cual el Gobierno no ha movido un dedo en toda la legislatura anterior para solucionarlo, cuando el modelo está caducado desde el 1 de enero de 2014», ha subrayado el conseller de Hacienda. «La prueba de ello es que han pasado 6 meses desde que anunció la creación de una Comisión de Expertos sobre la Financiación Autonómica, en la que podrían participar las comunidades autónomas, y no ha hecho nada para configurar la composición y convocar este órgano que es competencia estatal», ha constatado el titular de Hacienda.
Vicent Soler ha explicado que el incremento de recursos «es una consecuencia directa de la mejora de la economía», un dato constatable sobre todo con la liquidación, y ha recordado que la Comunitat Valenciana «es una de las autonomías que más crece fruto de las políticas del nuevo Consell, que ha liberado la grasa de la corrupción del tejido productivo valenciano y ha reorientado las políticas en favor de las empresas», de forma que, con un PIB que representa el 10% del Estado, «tira del carro de la economía española y contribuye al bienestar general».
No obstante, Soler ha recalcado que los recursos comunicados por el Ministerio de Hacienda son «insuficientes para atender las necesidades de los valencianos». En este sentido, se ha referido al informe que elaboró la Comisión de Expertos pactados por las Corts de cara al recurso de inconstitucionalidad contra el modelo de financiación, en el que se revela que, con datos de los presupuestos de 2016, la Comunitat necesitaría 2.464 millones adicionales para cumplir con el déficit (entonces fijado en el 0,3%) si gastara lo mismo que el promedio per cápita del conjunto de autonomías.
Cabe recordar también al respecto que, según una investigación del director del IVIE y portavoz de la Comisión de Expertos de las Corts, Francisco Pérez, la Comunitat Valenciana necesita 2.700 millones para prestar las competencias que tiene asignadas, particularmente los servicios públicos fundamentales, con suficiencia; una carencia que afectaría al conjunto de las autonomías.
«Evidencia la maniobra obstruccionista»
El responsable autonómico de Hacienda ha señalado que la comunicación de las cifras «pone en evidencia la maniobra obstruccionista» del Ministerio al dilatar esta información básica para que las comunidades pudieran confeccionar sus cuentas de 2017. «Ha sido un retraso de más de dos meses injustificable, que lo único que ha conseguido es entorpecer a las comunidades en la elaboración de sus cuentas, jugando con el hecho de que las autonomías son las prestadoras de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos. Ningún gobierno debería jugar con estas cuestiones», ha reprochado Vicent Soler, quien ha recordado además que antes del verano se les dijo que en septiembre se darían las cifras. El Consell ha de aprobar y remitir a las Corts los presupuestos antes del final de este mes.
«El trabajo está hecho y solo habrá que ajustar las cifras»
«Este Consell es responsable y, pese a los palos en las ruedas que se ha puesto a las autonomías, nos pusimos a trabajar con nuestras previsiones y tenemos avanzada la elaboración de las cuentas de 2017», ha explicado el conseller de Hacienda y Modelo Económico. «Ahora tendremos que rectificar determinadas cuestiones pero el trabajo importante está hecho», ha añadido. «Los datos trasladados ahora evidencian que nada impedía al ministerio haberlos trasladado con anterioridad, con el fin de que las comunidades hubieran ido trabajando con parámetros más ajustados», ha señalado Soler.