La razón por la que la Guardia Civil ha citado a nuevas personas en el marco del ‘caso Imelsa‘ tiene que ver con presuntas actividades de tráfico de influencias sobre la que los investigadores quieren ampliar la información de la que disponen actualmente, según han informado a agencia de información fuentes de la investigación. Estas fuentes indican que los citados tienen todos relación con el Consejo de Administración de Imelsa. Las citaciones llegan por la información que la UCO tiene de Marcos Benavent, el yonki del dinero, quien en su día advirtió que «la cosa no acaba aquí».
Entre las personas citadas, se encuentra Rosa Pérez Garijo (EU), actual responsable de las áreas de Teatres e Inclusión, quien denunció la trama y la persona que denunció el caso por las contrataciones efectuadas, que ahora salpica a todos los grupos políticos valencianos de izquierda. También está el vicepresidente tercero, Emili Altur (Compromís), el exportavoz del PSPV en la corporación y hasta hace pocos días jefe de gabinete, José Manuel Orengo, y el exdiputado provincial socialista y actual alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos.
Por su parte, fuentes sindicales han confirmad que el secretario de Sección Sindical de UGT en Imelsa también tendrá que acudir a declarar ante el Instituto Armado, si bien estas fuentes precisan que esta persona no formaba parte del Consejo de Administración.
Por otra parte, fuentes de la investigación recuerdan que estas personas han sido citados en calidad de investigados (la figura antes conocida como imputados), pero a efectos de tomarles declaración en sede policial, por lo que no necesariamente tendrían que pasar después a disposición judicial. Siempre según las mismas fuentes, el paso dado por la Guardia Civil se produce a raíz del material y la documentación analizada por los investigadores.
Las citaciones encendieron de nuevo, ayer, todas las alarmas sobrea la corrupción en la Comunitat Valenciana en torno al caso Imelsa, enmarcado en la bautizada como ‘Operación Taula. Las reacciones desde el PSPV-PSOE y Compromís no se hicieron esperar.
El PSPV y Compromís han aceptado la renuncia de «forma cautelar» de los consejeros de Imelsa de sus formaciones que han sido llamados a declarar como investigados por la UCO de la Guardia Civil por los presuntos contratos irregulares que formalizó esta empresa de la Diputación de Valencia. Fue el propio secretario general del PSPV, Ximo Puig, y la dirigente de Compromís, Mònica Oltra, quienes se afanaron en hacer declaraciones y asegurar que las responsabilidades políticas son diferentes»de las penales y han destacaron que la rapidez de sus actuaciones les diferencia con el PP.
En concreto, Puig explicó que se ha apartado de sus responsabilidades orgánicas dentro del partido a José Manuel Orengo, y al exdiputado provincial Gestalgar Raúl Pardos, aunque mantendrá la alcaldía de ese municipio. Por su parte, Oltra señaló que sería en la ejecutiva de Compromís en la que se aceptaría la renuncia voluntaria de forma cautelar de Emili Altur y Emili Mira.
Pérez Garijo, la diputada de EU que descubrió la trama, no renuncia a sus competencias
La diputada de Esquerra Unida (EU) en la Diputación de Valencia Rosa Pérez Garijo, sin embargo, aseguró que no dejará sus competencias en la corporación provincial tesponsabilidades a disposición del partido.
Pérez Garijo ha expresó su «indignación, rabia e impotencia» por la citación a declarar después de haber estado «cuatro años luchando contra la trama de corrupción y denunciándolo jurídicamente», manifestó. Aseveró que ha sido «una lucha de David contra Goliat» y consideró «extraño» que diputados con tareas de gobierno –en alusión a diputados del PP que en la anterior legislatura ostentaban competencias– aún no han sido llamados a declarar. Por ello, se mostró»sorprendida por que hayan citado a representantes de la oposición en el anterior mandato cuando «no tenían poder de ejecución». Garijo recordó que era miembro del consejo de administración de Imelsa pero ha insistido en que carecía de capacidad de gestión