Los valencianos- y españoles- que quieran vender o alquiler su vivienda se enfrentan a un nuevo gasto: el certificado de eficiencia energética. Un documento que tiene un precio medio de unos 200 euros para el propietario y que le va a contar cómo de eficiente es su casa en dicha materia y qué medidas o reformas puede realizar para mejorar el consumo y la sostenibilidad de su inmueble.
Por otra parte, la persona que está buscando un piso, ya sea de alquiler o de compra, puede decidir, a través de la información que aporta este certificado, si le interesa una vivienda u otra con las mismas características (ubicación, metros cuadrados, número de habitaciones) ya que la diferencia entre un piso con una buena o mala “nota” en este documento puede suponer hasta un ahorro de 1.000 euros al año en energía.
¿Nuevo negocio para los arquitectos?
No es nuevo que la Comunitat Valenciana está viviendo una sequía en la construcción de vivienda nueva, una situación que ha hundido al sector. Un dato: la autonomía tiene cerca de un millón de viviendas nuevas vacías. Por ello, arquitectos e ingenieros han recibido la nueva normativa, aprobada el pasado 1 de junio, con los brazos abiertos, ya que el certificado tiene que estar firmado por un profesional del sector colegiado y renovado cada 10 años.
Sin embargo, este nuevo horizonte tampoco es el paraíso. Para Pablo Guillen, arquitecto técnico y responsable de proyectos de E2 Energética, la nueva normativa “no va a dar de comer al sector” ya que sólo se aplica a las viviendas que cambian de mano, por lo que de momento es sólo “un complemento”. También ha subrayado la dura competencia existente en este campo, ya que profesionales y no profesionales se han subido al barco de los Certificados Energéticos. En este sentido ha señalado que hay que desconfiar de los técnicos que ofrezcan precios de certificados muy baratos, pues pueden estar realizando un trabajo poco cualificado y el sancionado final será el propietario del inmueble.
Por otra parte, el arquitecto técnico Juan Merlos, destaca que la nueva normativa permite al castigado sector de la arquitectura “cambiar de rumbo” y apostar por otro “modelo de negocio” que fomente la rehabilitación de las viviendas ya construidas. Asimismo explica que este certificado no hay que considerarlo como “un gasto más” sino como un documento que le da un valor añadido al precio de venta o de alquiler del inmueble, y añade que hay dar a conocer que una vivienda mal estructurada o con electrodomésticos no apropiados pueden suponer un gasto abismal para el habitante del inmueble.
Sanciones de hasta 6.000 euros
Respecto a las sanciones por no cumplir la normativa, los propietarios pueden ser multados hasta con 6.000 euros. Hay que subrayar que todas las multas tendrán como pagador el propietario de la vivienda aunque la infracción también la haya cometido el profesional.
En este sentido hay que diferenciar entre multas leves con entre 300 o 600 euros por: anunciar la venta o el alquiler en inmobiliarias u otros medios sin hacer mención a la calificación energética del inmueble o por no renovar el certificado cuando caduque, entre otros aspectos. Sanciones de 601 a 1.000 euros por vender o alquilar un inmueble sin que el propietario entregue el certificado en vigor al comprador o arrendatario; mostrar una etiqueta que no se corresponda con el certificado real o no registrar el documento en el órgano competente.
Asimismo, los propietarios pueden ser multados hasta con 6.000 euros por falsear la información; por publicitar la venta o alquiler de un inmueble con una certificación energética sin tener realmente un certificado energético o teniendo uno que no esté en vigor.