Este martes será la segunda vez que el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El juez ya le interrogó el pasado 8 de noviembre por la concesión a dos sociedades de Cursach -Intrademallorca 2005 y Calviá Parc- de sendos préstamos por 30 y 13 millones de euros, respectivamente, una de las piezas separadas de la causa principal contra los antiguos responsables de la entidad valenciana.
Además, el magistrado, que también tomará declaración a su mujer, María José Aznar, le mantiene imputado por «conductas que acabaron provocando la reestructuración de la entidad» y su posterior intervención en el resto de piezas, abiertas a raíz de nueve querellas del FROB contra la que fuera la cúpula del Banco de Valencia y varios empresarios.
Respecto a la de Aguas de Valencia, los cinco hermanos de la familia Calabuig, entre ellos el presidente de la compañía, Eugenio Calabuig, ya han declarado como imputados en la Audiencia Nacional.
En su comparecencia, Calabuig reconoció que compró terrenos en la costa de Castellón con un préstamo de más de 50 millones de euros otorgado por el Banco de Valencia para que pudiera mantener el control sobre la compañía de aguas, si bien precisó que el crédito no era finalista y que, por tanto, podía destinarse a lo que se estimase oportuno.
Posteriormente, sus cuatro hermanos respaldaron esta declaración y añadieron que el crédito sigue en vigor, sin que el Banco de Valencia, primero, el FROB o La Caixa, después, hayan pedido su cancelación.
Tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el Frob, sin embargo, mantienen que el Banco de Valencia concedió el crédito para hacer frente a una opa de exclusión que aprobó Avsa para evitar que Aguas de Barcelona tomara el control de la empresa valenciana.
Dicha opa iba dirigida a 771.711 acciones representativas del 39,32 % del capital social y con un precio cada una de 150 euros, de la que se excluían 1.190.873 títulos, el 60,80 % del capital, que eran de Inversiones Financieras Agval, que fueron objeto de inmovilización.
Según la denuncia del Frob, Parra intervino en una serie de operaciones «de dudosa racionalidad económica» al haber obtenido, por vía directa o indirecta, beneficios en perjuicio del patrimonio de la entidad, al que provocó un agujero cercano a 137 millones.
Entre esas operaciones destacaba la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la compra de acciones de Costa Bellver o la concesión de financiación a favor de Capital Residencial, en la que han participado de forma relevante, como autores o partícipes, los Calabuig.
Asimismo, explicaba que el banco concedió en 2008 dos créditos por un total de 48 millones -que luego se convirtieron en 54- a la familia Calabuig, lo que permitió a ésta hacerse con el control de Agval, la sociedad propietaria de Aguas de Valencia en la que el clan participa a través de Fomento Urbano de Castellón (Fucsa).
Por ellas, acusaba a los querellados de los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, y señalaba en su escrito que los créditos, que no han sido devueltos, fueron autorizados por el Comité de Riesgos, del que formaba parte Parra, gracias a la intervención decisiva de éste.