Desde que el pasado viernes los expertos encargados por el Gobierno para reformar el sistema de pensiones español entregasen sus recomendaciones sobre la materia, las fuerzas políticas y agentes sociales del país no han dejado de pronunciarse, unos en pro y otros en contra. La Comisión de expertos recomendaron el viernes bajar las pensiones si la economía del país es frágil, proponen que las nuevas pensiones se adapten a la esperanza de vida y que las prestaciones actuales dejen de actualizarse con el IPC
En este sentido, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, considera que el factor de sostenibilidad de las pensiones es «honesto y técnicamente robusto», y supone una forma de «recontar céntimo a céntimo» los ingresos del sistema en cada momento y distribuirlos de acuerdo a «reglas fijas, predecibles y transparentes». Asimismo, ha insistido en la importancia de incluir este factor para asegurar que el sistema de pensiones siga siendo «público, fuerte y solvente», y ha apelado a la responsabilidad y el compromiso de los partidos políticos y agentes sociales para lograr el «mayor de los consensos» en torno a esta reforma. Además, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad española, a la que ha dicho que «es el momento del diálogo y del consenso».
El portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha mostrado el rechazo de su partido al factor de sostenibilidad de las pensiones diseñado por los expertos designados por el Gobierno, porque cree que sólo se basa en la reducción de las futuras pensiones y en dejar de revalorizarlas en época de crisis. Gómez ha asegurado que su partido está dispuesto a dialogar, pero ha reiterado que se opondrán a una reforma de las pensiones en línea con lo planteado por los expertos, más aún si entra en vigor de manera inmediata como han propuesto.
Según ha dicho, el PSOE estaría de acuerdo en concretar «en el futuro» el factor de sostenibilidad introducido en la reforma de las pensiones que el anterior Ejecutivo socialista pactó con patronal y sindicatos en 2011, pero siempre que se tengan en cuenta otros factores que no ha contemplado el comité de expertos, como cotizaciones sociales, edad de jubilación o periodo de cómputo.
Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha denunciado que la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno conducirá a la contratación de planes privados para «beneficio» de aseguradoras y de los bancos, de los que ha dicho que tienen «muchas ganas» desde hace años a «ese bocado tan jugoso».
El dirigente comunista ha lamentado la «sumisión» del Gobierno a las exigencias de la UE sobre la reforma de las pensiones y ha esgrimido que la propuesta implica una «renuncia» del Ejecutivo del PP a crear empleo para los millones de parados que hay en el país.
Por otra parte, los secretarios generales de CCOO, UGT y USO, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Julio Salazar, han pedido este lunes al Gobierno que no se esconda detrás de los expertos y exigen que se pronuncie sobre qué reformas va a plantear en relación con las propuestas recibidas por los expertos que ellos mismos han seleccionado.
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, valoró este fin de semana el informe de los expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones y aseguró que es de una «calidad enorme» y considera que tiene una «sólida base» para el debate político y social que se abre ahora.