Todos contra Castedo

La nueva imputación por un supuesto caso de corrupción de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha encendido el debate en el mundo político de la Comunitat Valenciana ya que todos los partidos han mostrado sus reacciones al respecto para que la máxima responsable de la capital alicantina se aleje de su cargo público por ejemplaridad o, incluso, la oposición va más allá y habla de prisión provisional. En estos parámetros, la propia protagonista mantiene silencio.
Sobre esta cuestión, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, invitó de forma velada a la salida voluntaria de Castedo. “Es la alcaldesa quien debe valorar lo que significa para ella y para la institución su acta de concejala. Todas las personas que ostentan un cargo público deben ser un ejemplo para los ciudadanos”, señaló.
El jefe del Consell insistió en la línea roja y remarcó que las personas imputadas por corrupción no podrán concurrir con el PPCV a las elecciones. “Debemos ser muy transparentes y hacer ver que no hay nada que pueda hacer avergonzar a los ciudadanos sobre el comportamiento de cualquier cargo público representando a una institución”, adujo Fabra, quien reconoció que no ha hablado con Castedo estos días.
Desde el PPCV, en palabras de la coordinadora general y consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, se sigue en la línea del presidente Fabra. “El partido adoptará las medidas sobre las candidaturas cuando consideremos que sea oportuno y cuando el partido marque las fechas», teniendo en cuenta «los intereses de Alicante, de la provincia, la ciudad y la línea que ha marcado el presidente”, sentenció Bonig.
De otro lado, la oposición se expresó con términos más duros que van desde la dimisión a la presión provisional. El PSPV de Alicante manifestó a través de su secretario general, Gabriel Echávarri, que su partido estudia solicitar la prisión provisional ya que Sonia Castedo continúa con sus funciones y “está en posición de destruir pruebas”.
Mientras, El portavoz y concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, manifestó que si la alcaldesa, no dimite sería “una nueva vergüenza” para la ciudad. Además, confirmó que Castedo debería anunciar su dimisión irrevocable en una rueda de prensa inminente ante esta situación “insostenible”.
El portavoz y concejal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis, dijo que Sonia Castedo debería dimitir “por coherencia con las ideas que defienden y su concepción de la vida democrática y la transparencia”. Llopis explicó que el PP “debe actuar y dar una solución” porque “no se puede permitir que se condene a la ciudad de Alicante, estos próximos nueve meses, a estar sumidos en el caos”.

DOS IMPUTACIONES A CASTEDO

Cabe recordar que Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad de Alicante, declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el llamado Plan Rabasa el próximo 27 de noviembre a las 10.00 horas, según confirmó el TSJCV. El magistrado del Juzgado número 6 de Alicante también imputa a cuatro técnicos, dos del Ayuntamiento de Alicante y dos del Ministerio de Fomento, por favorecer, presuntamente, al empresario y constructor Enrique Ortiz. Además, el juez preguntó al fiscal si procede la declaración como imputados del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de la secretaria autonómica de territorio.
La alcaldesa de Alicante ha sido imputada tras tener conocimiento el juez del informe policial realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Es el segundo encausamiento de Castedo, que también está imputada por presuntos amaños en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar a Enrique Ortiz.