El alcalde de Gandía, Arturo Torró, ha sido imputado por el juzgado de Instrucción número 3 de Gandia por presunta desobediencia a la orden de readmitir e indemnizar a las 12 educadoras de las Escoletes que denunciaron, por ilegal, su despido por parte del Ejecutivo local antes de privatizar la red de guarderías públicas en junio de 2012.
La juez encargada del caso ha decidido investigar las denuncias en profundidad por encontrar indicios «racionales, verosímiles y suficientes» de un posible delito de desobediencia, estafa y falsedad documental. La Unión General de Trabajadores (UGT) interpuso una demanda en los juzgados al considerar que la actitud que adoptó el gobierno del PP con las empleadas de las guarderías a la hora de prescindir de éstas no fue la apropiada. Se dictó una sentencia en abril de 2013, que obligaba al consistorio a readmitir e indemnizar a las 12 profesoras de las Escoletes.
Al parecer, fueron readmitidas y al poco tiempo despedidas sin indemnización. Esta vez han intercedido tanto la UGT como el PSPV querellándose contra Torró; el coordinador general de la Alcaldía, Francisco Javier Reig; y los concejales de Educación, Marta Cháfer, y de Hacienda, Guillermo Barberá. Dos querellas que la jueza inadmite al estimar que ni UGT ni el partido socialista están legitimados a personarse como acusación particular. Lo que sí ha aceptado son los documentos que muestran indicios de delito y por los que la juez ha decidido abrir una investigación.
TORRÓ NIEGA LA IMPUTACIÓN
Por su parte, Arturo Torró, ha negado estar imputado por parte del juzgado número 3 de la localidad en una causa por presunta desobediencia en relación con la orden de readmisión de las trabajadoras de las Escoletes y ha acusado al PSPV en el consistorio de «engañar» a la ciudadanía y a los medios de comunicación y de «perjudicar» a las exempleadas con su actitud.
Torró ha acusado al portavoz del PSPV de Gandia, Vicent Mascarell, de «mentir» y ha recalcado que el juzgado no ha admitido a trámite las querellas presentadas por los socialistas y por UGT a las que «sólo le da valor de una simple denuncia y, tal y como obliga la ley en caso de cualquier denuncia, averiguará si los hechos son ciertos o no y quien ha participado en esos hechos».
El primer edil de Gandia ha hecho estas declaraciones después de que el grupo municipal socialista haya informado de dos autos del juzgado en relación con este caso. En uno de ellos, se especifica que se tiene por designada a la procuradora y letrado del «presunto imputado» Arturo Torró, en su calidad de alcalde, para proceder a su representación y defensa, y acuerda notificar la resolución tanto al fiscal, como al imputado y al resto de partes personadas. Contra la resolución se puede interponer recuerso de reforma.
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Vicent Mascarell, ha afirmado que Torró «pasará a la historia de nuestra ciudad por ser el primer alcalde imputado de la democracia» ya que, de acuerdo con los socialistas, de la resolución «se desprende claramente» que el primer edil «será investigado por negarse a acatar una sentencia judicial que demanda que 12 trabajadoras que fueron injustamente despedidas fueran reincorporadas a sus puestos de trabajo y se les pagara lo que se les debía».
«ENTORPECER EL PROCESO»
Según Torró, que ha comparecido junto al coordinador de Asuntos de Alcaldía, Javier Reig, las declaraciones de Mascarell son una «falsedad» en base a los autos del juzgado, que indican que «los únicos legitimados para presentar querella son las trabajadoras de las Escoletes, cosa que no han hecho». A su juicio, Mascarell «con su actitud lo único que hace es entorpecer el proceso y no facilitar que se aclare».
«Si hubiera habido desobediencia, el propio juez hubiera abierto diligencias», ha dicho Reig, mientras que Torró se ha preguntado «¿quiénes son los socialistas para hablar de desobediencia cuando el juzgado no lo entiende así?». De acuerdo con el consistorio, desde que se presentaron las querellas «han pasado varios meses, tiempo en el que se han realizado acciones como la readmisión de las trabajadoras». Asimismo, añade que «hubo trabajadoras que no recurrieron la readmisión al entender que era correcta y luego hubo despido por causas objetivas».
Por ello sostiene que no se ha dado ninguna desobediencia y que el Ayuntamiento «ha agotado los trámites judiciales a los que tiene derecho; eso no es desobediencia», ha dicho Reig. El alcalde ha pedido «seriedad» y considera que «Mascarell está desesperado rayando la locura», al tiempo que le ha recordado que «los únicos imputados son los socialistas José Manuel Orengo y Ana Garcia».