La encrucijada judicial del cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) continúa en el aire un año después del histórico apagón –el 29 de noviembre de 2013–.
Por un lado, el Tribunal Constitucional (TC) tiene que resolver los recursos interpuestos, en febrero de este año, por los extrabajadores de RTVV y por el PSOE contra la Ley 4/2013, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad del Gobierno valenciano, así como de su Disolución y Liquidación de RTVV, SAU.
Todo ello, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declarara nulo el ERE que se había llevado a cabo en la cadena.
Los recursos se fundamentan en que la administración autonómica, con la decisión de supresión del servicio de radio y televisión públicas valencianas, ha lesionado desproporcionadamente, y de forma arbitraria, los derechos de los trabajadores de RTVV (el principio de igualdad, el de seguridad jurídica y el de tutela judicial efectiva). Por ello, se reclama la nulidad del acuerdo autorizado por las Cortes.
En noviembre de 2013 los socialistas ya habían presentado otro recurso ante el alto tribunal contra el Decreto Ley 5/2013, por el que se modificó la norma reguladora del Estatuto de RTVV para permitir el nombramiento de nuevos consejeros sin pasar por las Cortes y el cierre de la sociedad pública.
El Tribunal Constitucional será, ahora, el único órgano que pueda controlar si la nueva legislación contempla alguna infracción o si, por contra, es constitucional. Si la ley para disolver RTVV está bien hecha, el Constitucional rechazará los recursos.
ANULAR Y REABRIR
Expertos juristas han explicado que si el TC admite los recursos y dictamina que la ley del Consell es inconstitucional, la consecuencia directa es la anulación de la misma y, por tanto, también el cierre de RTVV.
En esta línea, el abogado de CGT, Jacinto Morano, parte en el proceso, ha explicado que si el Constitucional declarase nula la ley del Consell, se regresaría a la situación anterior, en la que existía RTVV, con lo que las operaciones de liquidación de la sociedad serían nulas y deberían ser revertidas. Asimismo, los trabajadores despedidos regresarían a sus puestos de trabajo y deberían devolver las indemnizaciones a cambio de los salarios de tramitación.
En general, especialistas han indicado que existen pocas posibilidades de que el TC llegue a tumbar la ley valenciana. Sin embargo, Andrés Box, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València (UV), cree que no se puede aventurar nada porque el mundo del derecho «es muy complicado». Este experto también considera que las razones expuestas en los recursos son «poco potentes» jurídicamente hablando.
Otros especialistas han señalado, no obstante, que aunque el TC admitiera los recursos, esto no obligaría a reabrir directamente RTVV, pero sí tendría consecuencias directas sobre los despidos de exempleados.
Otro fleco judicial que queda pendiente de resolver es el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV. Al respecto, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional suspendió el pasado mes de julio el juicio por este asunto hasta que el TC se pronuncie sobre los recursos de inconstitucionalidad, puesto que uno de los motivos alegados hacía referencia a esta cuestión. Si también se declarase irregular el ERE, entonces se anularían los despidos y el Consell se encontraría con 1.200 trabajadores a los que pagar una nómina, lo que, de alguna mantera, también podría obligar a abrir una nueva RTVV.
Sin embargo, sobre este asunto, desde el comité de empresa de CGT han apuntado que hasta que el TC resuelva «podría pasar mucho tiempo», -hasta cuatro años-, y si antes hay algún cambio de gobierno o si se reabre RTVV, podrían retirar las demandas por el ERE.
MÁS FLECOS
Por otro lado, están pendientes los pleitos entre RTVV y algunos proveedores a los que se les dejó de abonar determinados servicios.
Otro fleco es el abierto en un juzgado de Paterna contra cinco exresponsables de RTVV: el exdirectivo de Ràdio 9 Lluís Motes; el exdirectivo de la sociedad Luis Redondo; Nuria Romeral — exdirectora de Ràdio 9–; la exdirectora de Televisión Valenciana (TVV), exconsellera y ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson; y el ex director general de RTVV José López Jaraba, a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras.
A este órgano judicial se ha sumado recientemente la denuncia que también interpuso CCOO en julio de este año contra los que fueron directores generales de RTVV y el Consell desde el año 2000 y los integrantes del Consejo de Liquidación de la extinta sociedad pública.
CCOO presentó esta denuncia ante Fiscalía del TSJCV, que a su vez remitió a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El fiscal, tras estudiarla, decidió inhibirse a favor del juzgado de Paterna puesto que estimaba que se trataban de delitos coincidentes que se debían investigar conjuntamente.