Este manifiesto firmado por casi una veintena de asociaciones, sindicatos y partidos políticos surge como respuesta a algunos acontecimientos recientes en los que se han detectado “vulnerabilidades” en los derechos lingüísticos de los ciudadanos valencianos, algo que considera que infringe a su vez “la legalidad vigente”. De este modo se presenta junto al escrito un protocolo formado por cinco puntos de obligado cumplimiento, a la vez que se pretende instaurar el día 4 de diciembre –el día en el que se presentó el manifiesto- como el ‘Día de los Derechos Lingüísticos en el País Valenciano’.
A partir de este ‘Día D’, se presentará ante las Cortes un informe anual de agresiones lingüísticas sufridas por personas valencianoparlantes en la Comunitat además de ofrecer asesoramiento jurídico a todo aquel que sienta que se han violado sus derechos.
El detonante
Hace casi un año Carles Mateu, un vecino de Almenara fue detenido durante más de tres horas por la Guardia Civil, recibió tres multas por una cantidad superior a 1.000 euros, le retiraron el carnet de conducir e incluso le imputaron seis meses de cárcel por desobediencia a la autoridad. ¿El motivo? Expresarse en valenciano. A raíz de este suceso, varias asociaciones decidieron unirse para evitar que casos como éste de vulneración de los derechos lingüísticos vuelvan a ocurrirles a ciudadanos valencianos.
El manifiesto
Debido a la suma de varios de estos casos, se decide realizar un manifiesto conjunto y un protocolo de actuación destinado a que los valencianos conozcan sus derechos en este tipo de situaciones.
El escrito propone cinco puntos clave que deben cumplirse por parte de las instituciones y los particulares dentro del ámbito de la Comunitat: que el Estado asuma la pluralidad lingüística como un valor a respetar; Que se ponga fin al acoso por parte de los cuerpos de seguridad que imponen la supremacía del castellano frente al valenciano; Que la Generalitat Valenciana cumpla su papel como garante de los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes; Que se denuncie la falta de alfabetización en valenciano en los cursos de formación de las fuerzas de seguridad destinadas en la Comunitat y que se expresen públicamente los casos de discriminación lingüística.
El protocolo
Las pautas de actuación que presenta el comunicado diferencian dos ámbitos: el privado y el público. En ambos casos instan al derecho de vivir en valenciano dentro del propio país y que al ser considerada una lengua oficial se debe considerar una forma de comunicación entre los ciudadanos, sin poderse denegar en ningún caso la respuesta por razones lingüísticas.
Dentro del ámbito privado
A la hora de interactuar en un establecimiento privado las recomendaciones de actuación instan a hablar el valenciano con los dependientes, repitiendo en el caso de ser necesario, o pedir que “te atienda una persona más capacitada” en el caso de no entender el catalán. En el caso de sentirse a disgusto con el trato ofrecido se anima al cliente a poner una hoja de reclamaciones o incluso acudir a los juzgados en caso de recibir algún tipo de violencia verbal.
Dentro del ámbito público
Las administraciones públicas están obligadas a atender a los usuarios en valenciano, ya que se considera un idioma oficial propio, y el protocolo de actuación determina que en caso de que el funcionario que nos esté atendiendo no lo entienda, “no tiene derecho a pedirte que hables en castellano”. En este punto remite al artículo 3 de la Ley de Uso y Educación del Valenciano, en el que se explica que el uso del valenciano tiene efectos jurídicos y puede acarrar una sanción grave para el funcionario.
La plataforma, formada por ACPV, ACV Tirant, Escola Valenciana, Castelló per la Llengua, Ca Revolta, Confederació Gonzalo Anaya i Societat Coral El Micalet; els sindicats A Contracorrent, BEA, CCOOPV, COS, FAPA-València, Intersindical Valenciana i UGTPV; i els partits polítics PSPV-PSOE, EUPV, Compromís, ERPV, Els Verds del País Valencià i PSAN ha habilitado varios canales de comunicación directa con las entidades colaboradoras a las que remitirse en caso de sufrir cualquier tipo de vulneración de derechos lingüísticos.