En pleno proceso de venta del Valencia, el pasado más inmediato regresa para acelerar e intensificar las gestiones en el presente. Como trasfondo, aquel préstamo concedido en 2009 a la Fundación VCF. Una operación que, aunque salvó del concurso de acreedores al club en ese momento, ha terminado revelándose con el paso de los años como un movimiento desafortunado en su ejecución y que enmarañó el proceso todavía más, como la mosca atrapada en una tela de araña.
La Unión Europea ha concedido hasta el 7 de abril para que España justifica la legalidad del aval original y de los posteriores incrementos por parte de Bankia y avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación VCF desde verano de 2009 en adelante. A la postre, 75 millones de euros a los que se sumaron dos renovaciones por valor de 6 millones en 2010 y otros 5 en 2013.
La investigación lleva abierta desde el año pasado y el expediente abierto a los siete clubes españoles se desveló a finales del diciembre. Ya en aquel momento, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, defendió la legalidad de aquellas ayudas. El comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, se comprometió a seguir adelante con la investigación.
En la explicación dada por Bruselas y hecha pública el pasado 7 de marzo, la UE considera en el apartado 5.2 de su resolución que estas ayudas públicas no se ajustan a la legalidad y reitera que un préstamo de este tipo debe reintegrarse en los plazos estipulados: «Las medidas (avales) se concedieron infringiendo las obligaciones de notificación. Por lo tanto, la Comisión considera que las medidas que benefician en última instancia al Valencia, al Hércules y al Elche constituyen ayuda estatal ilegal».
CRÍTICAS AL CONSELL
Bruselas atiza al IVF y, por extensión, al Govern de la Generalitat Valenciana al dudar de que las ayudas se concediesen conforme a «criterios de mercado, en particular tras examinar la situación financiera y las perspectivas de viabilidad de las entidades», y cree que se otorgaron «para solventar la falta de liquidez y de recursos de los beneficiarios, vistos sus resultados económicos negativos». Un movimiento susceptible de ser castigado, dado que los clubes en aquel momento no eran «empresas en crisis».
Los ‘palos’ de Bruselas a la Generalitat no acaban ahí, dado que se acusa a las autoridades valencianas de influenciar en el proceso «ya que el IVF es parte del Estado español y en su consejo hay representantes de la Generalitat». También se denuncia que no se comunicase a la UE el plan de reestructuración que debería haber seguido a la concesión de las ayudas.
La acusación se extiende también a Elche y Hércules en lo referente a los avales del IVF; y cuestiona los privilegios fiscales de otros cuatro clubes españoles como son Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna. Además, documenta de forma extensiva sus dudas respecto a una permuta de terrenos del equipo madrileño.
BRUSELAS ACELERA LAS PRISAS POR VENDER EL VALENCIA
La vigilancia de Bruselas respecto a este asunto ha intensificado en las últimas semanas la necesidad del Consell en solventar el ‘marrón’ del Valencia CF lo antes posible. El calendario de plazos estipula que el 1 de abril se cerrará el periodo para la recepción de ofertas vinculantes para la compra del club. Posteriormente, se abre el proceso para la selección y aprobación del comprador definitivo.
La Generalitat quiere acelerar al máximo el proceso para, entre otras cosas, poder presentar ante Bruselas una hoja de ruta respecto a la devolución del préstamo de Bankia a la Fundación, cuyo aval por parte del IVF está ahora mismo ‘congelado’ y en los juzgados.
Foto: EFE